Castilla-La Mancha afronta «una nueva etapa en dependencia» con más de 82.700 beneficiarios

El Gobierno de Castilla-La Mancha afronta la nueva etapa que se abre en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con más de 82.700 personas atendidas , cerca de 124.000 prestaciones y servicios activos y una amplia experiencia en distintas políticas de autonomía, proximidad y permanencia en el entorno que ahora adquieren un peso renovado en la legislación estatal.Así lo ha destacado este viernes la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la inauguración del Seminario Tecnodependencia Castilla-La Mancha 'Tecnología al Servicio del Bienestar', celebrado en Alcázar de San Juan coincidiendo con el 20.º aniversario de la Ley 39/2006 y apenas dos días después de que el Congreso de los Diputados haya concluido definitivamente la tramitación de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad.García Torijano ha puesto en valor estos 20 años de progreso de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, marcados, ha señalado, por «mucho trabajo» y «mucha apuesta política» para conseguir que este derecho pudiera desarrollarse con garantías en la Comunidad Autónoma.

En este contexto, ha considerado que la reforma aprobada confirma que Castilla-La Mancha «va por el buen camino», ya que varias de las iniciativas que incorpora el nuevo texto cuentan con recorrido previo en la región.La titular de Bienestar Social ha trasladado la valoración positiva del Gobierno regional sobre una reforma que introduce cambios relevantes tanto en el sistema de dependencia como en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad.Entre las modificaciones previstas se encuentran la reducción de seis a tres meses del plazo máximo para resolver el reconocimiento de dependencia; el refuerzo de la teleasistencia como derecho; la ampliación de la ayuda a domicilio hacia el entorno comunitario; una nueva regulación de la asistencia personal; la incorporación de los productos de apoyo al catálogo del SAAD; una mayor compatibilidad entre servicios y prestaciones y el refuerzo del principio de corresponsabilidad financiera entre administraciones.«Desde Castilla-La Mancha apoyamos este avance de derechos y vamos a colaborar activamente en su desarrollo», ha afirmado García Torijano, quien ha considerado especialmente relevante que el nuevo marco avance también en una reivindicación mantenida por la Comunidad Autónoma en relación con la financiación del sistema, de tal forma que se sustente en una relación 50-50 entre Estado y región.