El Gobierno multa con hasta 800 euros a profesores valencianos que participaron en la huelga indefinida

La Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana ha notificado hasta 13 sanciones administrativas al sindicato STEPV y once profesores que participaron en diferentes protestas por la huelga indefinida del pasado mes de mayo.

Según los datos ofrecidos por la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV), la cuantía global asciende a 8.000 euros y las multas van hasta los 800 euros en algunos casos.La asociación docente critica la «represión» que está padeciendo el profesorado que participó en las movilizaciones en defensa de la educación pública.

Las multas interpuestas, en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana, responden a concentraciones previas a las convocadas y piquetes informativos.Ante esta situación, Coordinadora ha confirmado que los sindicatos convocantes han puesto sus servicios jurídicos a su disposición en «una muestra necesaria de solidaridad y de acompañamiento». «Se trata de sanciones por haber ejercido públicamente y de manera pacífica nuestros derechos de reunión, manifestación y huelga», lamenta en un comunicado.MÁS INFORMACIÓN noticia Si Llorca encomienda a la inspección educativa vigilar la «neutralidad ideológica» en las aulas valencianas«Pedimos que nadie afronte individualmente una sanción derivada de una lucha que hemos construido entre todas y todos», ha recalcado y en ese sentido ha subrayado: «antes de tomar cualquier decisión sobre el pago o la sanción es fundamental ponerse en contacto con los servicios jurídicos correspondientes y seguir los indicaciones».«Las reivindicaciones que nos han traído a las calles continúan vigentes, y los sanciones no harán desaparecer ni los problemas de la educación pública ni nuestra voluntad de defenderla porque tenemos una convicción compartida, la rabia ante la injusticia, la dignidad de quien no se resigna y la fuerza de todo un colectivo que anda con fuerza y experiencia en la misma dirección», ha subrayado.En ese sentido, la Coordinadora ha cargado tanto contra la Subdelegación de Gobierno como contra la Generalitat Valenciana.

Sobre el organismo estatal, critica que las multas se hayan remitido «con nocturnidad y alevosía» en pleno mes de agosto, cuando la actividad en los centros y por parte de los profesores es mínima.Respecto al Consell, apunta que «no solo ha demostrado una absoluta falta de voluntad negociadora y una clara intención de dificultar gravemente el ejercicio efectivo de la huelga a través de la imposición de unos servicios mínimos abusivos», sino que ahora, además, «se beneficia, con un silencio cómplice, de la acción represiva ejercida contra los personas que han participado en los movilizaciones»-Asimismo, ha lamentado que «mientras se sanciona a quien protesta, la Generalitat ha ampliado los mecanismos de vigilancia, control y censura».