Piden al Supremo que advierta de posibles responsabilidades penales si se incumple su auto de la 'ley de nietos'

El partido Iustitia Europa ha pedido al Tribunal Supremo que adopte medidas urgentes para garantizar la ejecución del auto del 12 de octubre que confirmó la suspensión del censo de la 'ley de nietos' mientras se purgan los expedientes de los inscritos en el CERA para diferenciar aquellos que se nacionalizaron con la disposición octava de la ley de memoria democrática (la ley de nietos propiamente dicha) de aquéllos que lo hicieron con la polémica instrucción de Sofía Puente que modificó la ley por la puerta de atrás.

Dentro del plazo de alegaciones de 24 horas que el Supremo ha dado a las partes para que se pronuncien sobre el escrito de la Oficina del Censo que reconoce que Exteriores no les proporciona datos , Iustitia Europa pide a los magistrados que insten a la Junta Electoral Central y a los organismos competentes a que identifiquen a los inscritos afectados por la suspensión y a quienes pueden votar mediante certificación consular, con plazos de 12 y 24 horas.El letrado, Luis María Pardo, advierte de que la Junta Electoral Central prevé realizar entre el 24 y el 30 de octubre el primer envío de documentación electoral a los inscritos en el CERA.

Por ello solicita que la distribución de la documentación se coordine con la suspensión de los efectos electorales acordada judicialmente para determinadas inscripciones.

En este sentido recuerda que la ejecución de los autos exige identificar de manera precisa a las personas afectadas por la medida y distinguirlas de aquellas que puedan acogerse a la excepción prevista por la Sala mediante una certificación individual expedida por los encargados de los registros consulares.El escrito señala que la propia Sala constató en octubre que el grado de cumplimiento de la orden de desglose de expedientes era «inexistente o, al menos, desconocido», al no constar acreditación suficiente sobre los expedientes efectivamente separados y clasificados.

Por ello, el partido reclama que la Administración determine qué inscripciones están sujetas a la suspensión, cuáles quedan exceptuadas mediante certificación consular y qué expedientes continúan pendientes de clasificación.

En resumen, que dé cifras.