El 93% de los informes de la Intervención andaluza sobre 38 millones de gasto público no sujetos a control previo fueron desfavorables

El 6 de octubre de 2020, el Gobierno andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno, acordaba sustituir el sistema de control previo para la aprobación del gasto por el régimen de control financiero permanente .

Se trataba de un cambio relevante desde el punto de vista de la vigilancia de los fondos públicos, porque implica que la supervisión de las actuaciones de las consejerías y agencias públicas -como contrataciones o concesión de subvenciones-, se realiza con posterioridad a su ejecución y no antes de su aprobación, de modo que, al no constar reparos previos, estos actos no se suspenden hasta resolver las deficiencias, como ocurría hasta entonces, sino que las recomendaciones de los organismos de fiscalización se incorporan una vez realizados.

La Cámara de Cuentas ha analizado distintas actuaciones de la administración andaluza entre 2020 y 2024 para constatar si el cambio está vinculado con la buena gestión y la agilización de la tramitación, tal y como alegó la Junta para justificar su decisión.

En su informe remitido al Parlamento autonómico y que ha consultado este diario, se constata que el 93% de los informes de control financiero emitidos por la Intervención General una vez ejecutados los gastos no fueron plenamente favorables, lo que lleva a la entidad a recomendar la necesidad de que se refuercen las garantías y los mecanismos que permitan detectar, corregir y evitar la repetición de irregularidades cuando el gasto público ya se ha realizado, ante la constatación de que no existen herramientas suficientes que permitan demostrar que se ha mejorado la eficacia de la gestión pública, como alegó el Ejecutivo autónomo.

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