Piden al Tribunal de Cuentas que no aplique la amnistía sin rastrear el origen de los 5 millones malversados el 1-O

Sociedad Civil Catalana (SCC) ha pedido al Tribunal de Cuentas que rastree el origen de los fondos del 1-O antes de aplicar la amnistía.

La entidad responde así al trámite de alegaciones que el pasado julio dio el órgano contable a las partes para que, tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se posicionaran sobre los pasos a seguir en el procedimiento abierto por el desvío de fondos en el referéndum ilegal.

En aquel momento la Fiscalía y la propia Generalitat solicitaron el archivo urgente de las actuaciones y que se procediera a la aplicación automática de la ley, pero SCC se opone a este cierre al considerarlo prematuro.

A juicio de esta entidad, representada por el letrado Juan Chapapría, antes de aplicar la ley es necesario aclarar el origen de los casi 5 millones de euros derivados del 1-O y de la acción exterior desplegada en el 'procés'.

Y ello porque «no puede decidirse sobre la amnistía hasta que no se haya aclarado« la financiación.

El despacho reclama al Tribunal que, antes de dar carpetazo al asunto, aclare de forma fehaciente de dónde procede el dinero que sufraga las 14 partidas objeto del procedimiento.

La cuantía conjunta de estas partidas asciende a un total de 4.973.663,68 euros.

SCC aclara que no está afirmando de forma tajante que ese montante proceda de fondos europeos, pero sí considera necesario «despejar la duda».

Para lograrlo, SCC pide al órgano fiscalizador que revise toda la «documentación contable y presupuestaria disponible» y que, si lo estima oportuno, requiera «información adicional a las administraciones u organismos implicados» para conocer el rastro real del dinero.

La postura de SCC choca de lleno con la de la Fiscalía, para quien esta causa debe cerrarse ya al no haber indicios de afectación al presupuesto comunitario .

La sentencia de Luxemburgo concluyó que el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se opone a la aplicación de la ley de amnistía cuando los actos objeto del procedimiento se refieran a fondos que no procedan del presupuesto de la Unión Europea ni estén destinados a éste.Como informó ABC, en su escrito, el fiscal Manuel Martín-Granizo acusó al órgano fiscalizador de dilatar la aplicación de la amnistía a los líderes del 'procés' abriendo un debate «improcedente e innecesario» sobre el origen del dinero malversado.

Para el fiscal, tanto el TJUE como el Abogado General ya descartaron la existencia de fondos europeos en el procedimiento contable del 'procés' con motivo de la cuestión prejudicial que el propio TCu interpuso.

Recalcó además que «en ningún momento, salvo una vez aprobada la ley de amnistía, se ha puesto en cuestión que las investigaciones de los gastos indebidos tengan otra procedencia distinta de la Generalitat de Catalunya».