La crisis de Ceuta abre el debate sobre un cambio en la ley para agilizar las expulsiones y los rechazos de inmigrantes en la frontera

La entrada masiva de 80.000 personas en Ceuta el pasado 30 de julio ha abierto un debate siempre espinoso en la vida legislativa española: la posibilidad de cambiar las normas para acelerar las expulsiones de los inmigrantes irregulares y definir un nuevo protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera, como llevan demandando desde el inicio de la crisis tanto el presidente ceutí Juan Jesús Vivas como su homólogo melillense, Juan José Imbroda , ambos dirigentes de dos ciudades autónomas sobrepasadas por la inmigración ilegal.

Se trata de un asunto que también demanda la oposición, con el PP a la cabeza, pero también Vox y Junts, y algo que en cierto modo adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , cuando viajó a Ceuta un día después del asalto a la frontera.

Entonces, se comprometió a " modificar algunos aspectos de las leyes " para que las repatriaciones se puedan hacer "de la manera más eficiente posible".

Las palabras del presidente venían motivadas por la sentencia del Tribunal Supremo que, según el Gobierno, sirvió de combustible para la entrada masiva del 30 de julio y según la cual se prohibía a las autoridades españolas la devolución en caliente de aquellas personas que entrasen en nuestro territorio a nado si para ello no habían superado " elementos de contención fronteriza".

Entonces, una vez sucedido el asalto masivo, el Ejecutivo construyó una barrera marítima de 500 metros en el espigón del Tarajal y en los últimos días ha hecho lo propio en Melilla.

Sea como fuere, ambas ciudades autónomas consideran primordial reformar, por el momento, la disposición adicional décima de la Ley Orgánica de Extranjería para especificar que el rechazo en frontera sea aplicable a quienes intenten acceder ilegalmente a territorio nacional por cualquier punto de entrada no habilitado y no solo por saltar la valla.

Precisamente, el mes pasado el PP presentó en el Congreso una proposición de ley en ese sentido que el partido espera debatir en septiembre.

Sin embargo, más allá de eso, lo ocurrido plantea un debate más amplio que alcanza a los protocolos que han de seguirse cuando un inmigrante irregular entra en España, las herramientas de las que disponen las autoridades, e incluso el Estado, para hacer frente a una entrada masiva de esas dimensiones y, claro está, la suficiencia de los medios , tanto materiales como personales, de los que disponen en la actualidad Ceuta y Melilla.

El pasado viernes, Juan Jesús Vivas reconocía que no contaba con los conocimientos jurídicos suficientes, pero planteaba una cuestión: "Lo que sucedió el 30 de julio, en palabras del presidente del Gobierno, fue una violación de la integridad territorial española.