Casi el 70% de españoles pide frenar las nacionalizaciones vía 'ley de nietos'

El adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre que anunció el lunes el presidente Pedro Sánchez abre un nuevo escenario político en el conjunto del país al tiempo que viene a aportar un elemento de complejidad extra a un asunto que, ya de por sí, era enrevesado como es el derecho a voto de los nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos', cuyo panorama judicial se encuentra ahora en un punto crítico.

El Tribunal Supremo acordó el pasado 8 de septiembre —a instancias de Vox e Iustitia Europa— suspender cautelarmente el voto a todas aquellas personas que hubieran obtenido la ciudadanía española mediante esta vía, lo que paralizó de facto su inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

La Sala de lo Contencioso-Administrativo frenaba así en seco el posible 'coladero' de votos, dejando en evidencia al Gobierno y a la Fiscalía, y denigrando la instrucción del Ministerio de Justicia que abrió la veda a la nacionalización de cualquier descendiente de exiliado español.

El llamado de Sánchez a las urnas dentro de mes y medio supone una vuelta más de tuerca al enredo, ya que apremia al Alto Tribunal a decidir cuántos de ellos podrán ejercer el derecho a sufragio activo.

La publicación en el BOE del decreto sobre la disolución de las Cortes activó el martes los plazos del proceso electoral, recogidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que, en su artículo 39, recoge que el censo electoral vigente para el 29-N — incluye tanto a españoles residentes en nuestro país como en el extranjero— es el cerrado el pasado 1 de agosto, meses antes del auto del Alto Tribunal.

En cualquier caso, el barómetro de GAD3 para ABC realizado entre los días 6 y 8 de este mes —esto es, durante las tres jornadas inmediatamente posteriores a la convocatoria electoral— refleja un amparo mayoritario del país a la decisión del Supremo.

De hecho, aproximadamente, siete de cada diez españoles (un 68 por ciento) considera que deberían frenarse y revisarse todos los procedimientos de nacionalización vía 'ley de nietos' frente a un 21 por ciento que se declara en contra, y un exiguo 2 por ciento que se abstiene la hora de opinar.

Especialmente llamativo resulta el hecho de que, entre los partidarios de la suspensión de estas nacionalizaciones masivas impulsadas por el Ejecutivo de coalición, se encuentre un amplio porcentaje de los votantes de los dos partidos que lo integran: la mitad de los electores del PSOE (un 50 por ciento) y un 43 por ciento de los de Sumar (ahora rebautizado como Frente Amplio).

Formaciones que, cabe recordar, querían colar en una norma de educación la instrucción suspendida por el Supremo a través de una enmienda trampa.