El Supremo pide al TSJ valenciano el auto sobre Mazón para decidir si le investiga por falso testimonio

La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el auto del 16 de marzo de este año en el que rechazó la competencia para investigar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, para decidir si le investiga por falso testimonio.Así se desprende de la resolución en la que el Alto Tribunal accede a la petición de Fiscalía de recabar ese auto en el contexto de la querella interpuesta por el PSPV-PSOE contra Carlos Mazón por falso testimonio en el Congreso.Una vez que el TS reciba el auto, la Fiscalía deberá presentar su informe sobre competencia y contenido -es decir, si ve o no indicios para admitir a trámite la querella- y, posteriormente, la Sala dictará su auto en el que se pronunciará sobre competencia y sobre si admite o no a trámite la querella.MÁS INFORMACIÓN noticia Si De Llorca y Mazón a Baldoví: esto es lo que ganan al año los diputados valencianosLa Fiscalía señalaba que, según reflejaba la querella del PSPV-PSOE contra Mazón, el expresidente compareció el 17 de noviembre de 2025 ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre la gestión de la crisis derivada de la dana, donde fue advertido «expresamente» de la obligación legal de no faltar a la verdad en su testimonio, conforme al artículo 502.3 del Codigo Penal.Sin embargo, según señalaban los socialistas en la querella, Mazón «faltó a la verdad» en relación al listado de llamadas de ese día; itinerario tras la salida del restaurante El Ventorro; conocimiento de la existencia de fallecidos; ayudas remitidas por el Gobierno de España y destino de las mismas y las comunicaciones con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa de Catarroja.El TSJCV desestimó en marzo de este año la exposición razonada que había enviado la juez de Catarroja para la investigación a Mazón con el argumento de falta de indicios delictivos; ausencia de «posición de garante» y concluyó que el cargo político y jerárquico de presidente del Consell «no implica automáticamente una responsabilidad penal de este tipo».