Archivan una denuncia contra Vox por el uso de armas ilegales antes de un mitin en Granada

El 16 de abril de 2026, Vox tuvo en Granada un acto político poco antes de que comenzara la campaña electoral para las elecciones autonómicas.

Un grupo de algo más de cincuenta personas intentó boicotearlo y trató de acceder a la Plaza de las Pasiegas, donde iba a tener lugar.

El líder nacional de la formación política, Santiago Abascal, se negó a que nadie empezara a hablar hasta que no fueran disgregados y acusó a la Policía Nacional de pasividad y al Gobierno central de permitirla.

Pero no se quedó conforme con eso.

Dio un plazo de dos minutos para que los policías actuaran y, de lo contrario, anunció, iría él mismo encabezando a un grupo de seguidores .

Eso fue exactamente lo que ocurrió y se produjeron unos incidentes de cierta envergadura en los aledaños de la plaza.

En ellos, según denunció después la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, partidarios de Vox habrían utilizado armas no permitidas.

Este lunes 2 de septiembre ha trascendido que un juzgado de Granada ha archivado la denuncia al entender que los hechos «no son constitutivos de infracción penal» .

También destaca que la manifestación de personas contrarias a Vox no había sido autorizada por la Subdelegación del Gobierno.

En el incidente hubo un detenido por agredir a un policía con el mástil de una bandera y varios partidarios de Vox fueron identificados.

Además, el grupo que se manifestaba sin permiso lanzó bolas de pintura roja que impactaron en algunos congregados, entre ellos María Ruiz, diputada y vicesecretaria de organización de Vox.La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunció que durante los altercados varias personas portaban instrumentos «similares a defensas extensibles», pero la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 5, ha archivado la demanda después de que la Subdelegación del Gobierno informara, por petición judicial, de que la citada asociación no había comunicado esta concentración en las inmediaciones de la Catedral de Granada y al no contemplar infracción penal.Tras la decisión judicial, este colectivo ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Granada y ha lamentado que la confirmación, por parte de la Subdelegación del Gobierno, de que la manifestación no estaba autorizada -algo que se supo desde el primer momento- «haya terminado sirviendo para archivar una investigación sobre hechos completamente distintos ».