Garzón solicita que tres afectados por la suspensión de la 'ley de nietos' se personen ante el Supremo

El despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón ha solicitado al Tribunal Supremo la personación de tres personas que obtuvieron la nacionalidad española por la llamada 'ley de nietos' y a las que afecta la suspensión cautelar de la instrucción que desarrolla la normativa sobre memoria histórica.El escrito, presentado ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, reclama la personación de estos tres recurrentes como parte en el procedimiento y reclama acceso completo al expediente.

Los tres adquirieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática y figuran inscritos en el Censo de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA).Esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Servimedia, llega después de que el Tribunal Constitucional inadmitiera este miércoles la petición de un ciudadano español de origen argentino para sumarse al recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Supremo.

El órgano de garantías también rechazó ese recurso al considerarlo prematuro, ya que la causa sigue abierta en el Alto Tribunal.El Supremo acordó el 10 de septiembre suspender los efectos electorales de la inscripción en el censo exterior de los nacionalizados por la 'ley de nietos' hasta que dicte sentencia.

Solo se exceptúa a quienes acrediten con un certificado consular que su padre, madre, abuelo o abuela sufrió exilio.

Los magistrados confirmaron el 12 de octubre la medida y abrieron un plazo de cinco días para que los afectados se personaran en la causa.Privados del votoEl escrito de los tres representados por el despacho de Garzón sostiene que la decisión supone en la práctica suspender el derecho al voto, algo que la legislación española no permite, ni siquiera mediante una condena penal firme desde la reforma del Código Penal de 1995.

Se recuerda que la inscripción en el censo es automática y obligatoria una vez reconocida la nacionalidad.Los abogados denuncian también un trato desigual.

A su juicio, la medida solo alcanza a quienes figuran hoy en el CERA, pero no a quienes obtuvieron la nacionalidad por la misma vía y se inscribieron en el censo de residentes en España.Asimismo, alegan que los afectados quedaron sin posibilidad de defenderse.

El Supremo, según el escrito, no les llamó al procedimiento hasta que las medidas ya eran firmes, cuando podía haberlo hecho desde el principio a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Su personación llega, por tanto, cuando ya no pueden cambiar la suspensión.El escrito añade que la sentencia que ponga fin al pleito, centrado en las competencias de la Junta Electoral Central, no podrá decidir sobre la nacionalidad de nadie ni expulsarle del censo.