Las deportaciones ponen en riesgo el apoyo hispano a Trump en unas elecciones cruciales

John Gannon es un ejemplo del riesgo al que se enfrentan los republicanos en las elecciones parciales del 3 de noviembre.

Este empresario tejano, republicano de toda la vida de 75 años, votó con entusiasmo por Donald Trump en 2024 y apoya la gran mayoría de sus osadas reformas.

Sin embargo, vio cómo agentes de extranjería, el temido ICE, detenían el 24 de julio en el aeropuerto de Houston a su prometida, Yasmin Suárez Reyes, venezolana con ciudadanía española , cuando ambos iban camino a Las Vegas.Suárez había entrado legalmente en EE.UU., tenía una petición de asilo pendiente, permiso de trabajo y no tenía antecedentes penales ningunos, aunque su periodo de admisión había expirado.

El Departamento de Seguridad Nacional explica a ABC que eso permitía iniciar su deportación.

Gannon sigue defendiendo que se expulse a delincuentes, como prometió Trump en campaña , pero rechaza que la ofensiva migratoria alcance a personas como su prometida. «Están destruyendo familias y empleos», asegura.Su caso es solo una historia más de muchas, pero refleja una tendencia que empieza a inquietar a los republicanos.

En el año fiscal de 2026, que ya acaba, más de 350.000 personas han sido expulsadas o devueltas por las autoridades migratorias de EE.UU., mientras las detenciones del ICE llegaron a superar las 46.000 mensuales durante el verano.

Muchas de las personas afectadas no tienen antecedentes penales, y ahí está precisamente el problema para el Partido Republicano en año electoral: una parte de los hispanos que votó por Trump apoyaba mano dura en la frontera y la deportación de delincuentes, pero no necesariamente operaciones amplias contra trabajadores y familiares suyos asentados desde hace años en el país, muchos de los cuales entraron de forma legal y esperaban obtener asilo o permiso de permanencia.

El caso venezolano es especialmente sensible.

Cientos de miles de ellos llegaron a EE.UU. en los últimos años huyendo de la devastación política y económica del chavismo, y muchos obtuvieron protección temporal mediante el llamado TPS , un programa de protección temporal que les permitió vivir y trabajar legalmente en el país aunque no equivaliera a una residencia permanente.

La Administración Biden había extendido esa protección hasta octubre de 2026, pero la Administración Trump anuló esa prórroga y ha ido desmontando parte de ese amparo.

En el año fiscal de 2026, que ya acaba, más de 350.000 personas han sido expulsadas o devueltas por las autoridades migratorias de EE.UU.Eso ha dejado a decenas de miles de personas expuestas a perder su permiso de trabajo y, en algunos casos, a ser deportadas.