Buitres sobre el Estado

Junts per Catalunya ha vuelto a aplicar su máxima irrenunciable de aprovechar cualquier situación de debilidad del Gobierno de Sánchez para obtener beneficios políticos.

Cuando un Estado se muestra débil, sus fuerzas divisivas se lanzan a debilitarlo aún más.

La crisis de seguridad fronteriza y nacional desatada en Ceuta por el asalto de 80.000 extranjeros procedentes de Marruecos , seguida de la incompetente respuesta del Gobierno central, ha sido la excusa perfecta para que los de Puigdemont recalienten su demanda de delegar en Cataluña las competencias sobre inmigración.

No es una reclamación novedosa, porque Sánchez aceptó en marzo de 2025 una proposición de ley presentada por Junts, cuyo preámbulo era un texto de mal disimulada xenofobia.

El veto de Podemos en noviembre pasado impidió que se tramitara la proposición, pero la ocasión actual es propicia para que Junts lo intente de nuevo.

Y lo ha hecho en dos planos.

En el político, su portavoz, Miriam Nogueras, ha mandado a la Moncloa el mensaje de que no llegue a Cataluña ningún menor abandonado de los que actualmente están en Ceuta.

En el plano parlamentario, Junts ha registrado de nuevo la proposición de ley matizando sus sesgos más xenófobos.

Por mucho matiz que Junts quiera introducir, todo nacionalismo se asienta en un concepto etnicista e identitario, que acaba colisionando con la idea democrática de ciudadanía.La realidad es que Junts está animado por frenar el auge de Aliança Catalana, cuya líder, Silvia Orriols, domina con éxito el debate social, preelectoral y político en Cataluña con una posición radical contra la inmigración.

Y no solo Junts nota esta presión, también los republicanos de ERC y los extremistas de la CUP recuentan a diario deserciones en sus filas con destino al partido de Orriols.

Es llamativo que estas demandas competenciales las haga un partido que no gobierna Cataluña y que no está en condiciones de ejercer las nuevas funciones en caso de que fueran delegadas, lo que vuelve a situar a Illa en una posición de observador silente ante una negociación sobre lo que es parte de su responsabilidad política.

A escala nacional, este nuevo frente que abre Junts demuestra, al margen de que consiga o no que se apruebe su proposición de ley, que el Gobierno de Sánchez tiene hipotecada su soberanía para legislar sobre inmigración.

Por un lado, sigue con el brazo encogido hacia Marruecos, cuya innegable responsabilidad es silenciada en cualquier declaración pública de los muchos voceros de su Gobierno.

Mientras el diagnóstico del Gobierno español deje fuera a Marruecos, sus decisiones seguirán siendo torpes e incompletas.