El Gobierno quiere dejar resuelta el alza salarial del 4,5% a los funcionarios antes de las elecciones

El Gobierno no está dispuesto a desaprovechar ni una sola oportunidad para tratar de rascar votos en los poco más de 50 días que quedan para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha revelado este jueves que hará «todo lo posible» antes de entrar en funciones a partir del próximo 30 de noviembre para que los 3,5 millones de empleados públicos que hay en España vean concretada la subida salarial del 4,5% que se pactó a finales del año pasado.La diligencia del ministro con este compromiso contrasta con la renuencia que el Gobierno ha mostrado en ejercicio precedentes a la hora de concretar las subidas ya acordadas.

En 2024 los empleados públicos tardaron varios meses en disfrutar de la subida que les correspondía y en 2025 también iniciaron el año con los sueldos congelados por la demora en reconocer el alza, ante la ausencia de Presupuestos del Estado.En esta ocasión, los empleados públicos tienen acordada una subida del 4,5% y una subida adicional del 0,5% con cargo a este año por el comportamiento de la inflación.

El sindicato CSIF le ha recordado al Gobierno esta misma semana su obligación de respetar los acuerdos laborales alcanzados en diciembre de 2025, que no solo contemplan la subida de los salarios sino una mejora general de las condiciones laborales.No será la única cuestión que el Gobierno quiere dejar encarrilada antes de que los españoles vayan a votar.

Óscar López también avanzó ayer que la intención del Gobierno es aprobar el real decreto que regula el despliegue de los centros de datos en España, que les impone nuevas obligaciones para garantizar la sostenibilidad y la soberanía tecnológica, antes de que se produzca la convocatoria electoral.El decreto obliga a los proyectos que quieran instalarse en España a garantizar que cada hora el 80% de la energía que consuman sea renovables, un obstáculo que dificulta la logística de los proyectos pero que el Gobierno considera necesario para evitar que copen la energía disponible.