El Gobierno de Page mantiene su rechazo a un modelo de financiación que "perjudica" la igualdad entre territorios

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina. EP.

Castilla-La Mancha volverá a llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera una posición de rechazo al modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de España. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina , ha defendido que el futuro sistema debe garantizar que las comunidades dispongan de recursos suficientes para mantener los servicios públicos que tienen encomendados y ha cuestionado que la propuesta haya sido negociada con un único territorio.

Durante su participación en un encuentro sobre políticas sanitarias y el Estado de las Autonomías organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Ruiz Molina ha situado la financiación autonómica como una pieza fundamental para garantizar la sostenibilidad de servicios como la sanidad.

En este sentido, ha rechazado un sistema cerrado de reparto y ha reclamado que los recursos respondan a las necesidades reales de cada territorio. “Más que un modelo impuesto, lo que pretendemos es que la financiación de las comunidades autónomas refleje realmente el coste de prestar los servicios públicos de nuestra competencia, como puede ser la sanidad”, ha señalado.

El responsable de Hacienda ha puesto el foco en las particularidades de Castilla-La Mancha a la hora de garantizar servicios esenciales. La extensión territorial y la distribución de la población condicionan directamente el coste de mantener una red sanitaria, educativa o de servicios sociales capaz de atender a todos los ciudadanos.

Ruiz Molina ha apuntado precisamente a variables como la superficie o la densidad de población como elementos que deberían tenerse en cuenta a la hora de determinar los recursos que recibe cada autonomía.

La reivindicación parte de una premisa que el Ejecutivo de Emiliano García-Page considera fundamental. La financiación no debe limitarse a repartir recursos de manera uniforme, sino que tiene que permitir que las comunidades puedan prestar servicios de calidad con independencia de sus características demográficas y territoriales.

En el caso de Castilla-La Mancha, la dispersión de los núcleos de población y la amplitud del territorio suponen un desafío añadido para mantener infraestructuras y servicios públicos próximos a la ciudadanía.

La posición de Castilla-La Mancha ante la reforma será, según ha reiterado Ruiz Molina, la misma que mantiene desde que se conoció la propuesta. La Junta rechaza un sistema que considera fruto de una negociación “con un solo partido político, con una sola comunidad autónoma” y que, a su juicio, puede poner en cuestión el principio de igualdad.

El consejero ha defendido que todas las personas deben contar con servicios públicos de la misma calidad, sin que el territorio en el que vivan determine el nivel de atención que reciben.