Guerra de columnas en prensa internacional: Sánchez, en Bloomberg; Feijóo, en Politico

La pugna política española ha encontrado esta semana un escenario tan simbólico como poco habitual: las páginas de la prensa internacional.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han utilizado dos cabeceras de referencia —Bloomberg y Politico, respectivamente— para proyectar fuera de España dos diagnósticos políticos radicalmente distintos y, al mismo tiempo, reimportarlos al debate nacional.

El presidente del Gobierno ha escogido la regulación de los centros de datos y la inteligencia artificial para presentar a España como laboratorio de una economía digital compatible con la transición energética; el líder del PP ha situado a Ceuta, la frontera sur y la soberanía territorial en el centro de su intervención.

No se trata de dos artículos equivalentes por temática ni por destinatario, pero sí de dos operaciones de comunicación política que comparten una lógica: convertir un asunto de dimensión internacional en un argumento para la disputa doméstica.

Sánchez reivindica la capacidad del Estado para anticiparse a los costes ambientales y energéticos de la revolución tecnológica; Feijóo reclama una respuesta europea ante una crisis fronteriza que presenta como una cuestión de soberanía española y seguridad comunitaria.

Sánchez: tecnología, energía y soberanía digital En Bloomberg Opinion, Sánchez ha defendido la necesidad de ordenar el crecimiento de los centros de datos antes de que su expansión termine tensionando las redes eléctricas, los recursos hídricos y las comunidades donde se instalan.

Su tesis política parte de una contradicción propia de la economía digital: servicios aparentemente intangibles como la nube o la inteligencia artificial descansan sobre infraestructuras físicas de gran escala, con importantes necesidades de electricidad, agua, suelo e inversión.

El presidente cita como referencias el peso creciente de estas instalaciones en el consumo eléctrico de Irlanda y Estados Unidos y utiliza esos ejemplos para sostener que España todavía dispone de margen para anticiparse a un problema que otros países ya están afrontando.

El argumento encaja con una de las apuestas estratégicas del Ejecutivo: atraer inversión tecnológica aprovechando la disponibilidad de energías renovables, pero condicionando esa inversión a criterios de eficiencia y capacidad energética.

La propuesta regulatoria anunciada por el Gobierno pretende establecer estándares de eficiencia energética e hídrica, obligar a los centros de datos a comunicar determinados indicadores de rendimiento y vincular el incremento de la demanda eléctrica a nueva capacidad renovable.