Ayuso recurre ante el Supremo el decreto que prorroga el reparto forzoso de menas

La Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, con el que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende prorrogar el traslado forzoso de menores no acompañados entre comunidades autónomas.

La Abogacía General lo presentó el pasado 1 de septiembre, por encargo de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y ya ha sido admitido a trámite.Con ese Real Decreto, el Ministerio de Juventud e Infancia fijó para este año el número de menores extranjeros no acompañados que puede atender cada comunidad y ciudad autónoma en su sistema de protección, y mantuvo el reparto obligatorio iniciado en 2025.

Este sistema se estableció mediante el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, recurrido ante el Tribunal Constitucional por diez comunidades autónomas, entre ellas, Madrid.Con el recurso que se ha conocido este miércoles, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid mantiene un total de seis actuaciones judiciales para frenar distintas decisiones del Gobierno de Sánchez en materia migratoria divididas en cuatro bloques relacionados entre sí.Por un lado, la Abogacía General ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 2/2025 y ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 658/2025, por considerar que este sistema invade sus competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social.

Además, cuestiona que se haya utilizado un Real Decreto-ley para regular determinadas materias.El Ejecutivo autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso también ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo los Reales Decretos 743/2025 y 556/2026, que fijan el número de menores extranjeros no acompañados que deben poder atender los sistemas de protección de las comunidades autónomas.

El Gobierno regional cuestiona que el Ministerio de Juventud e Infancia establezca esta capacidad aplicando el mecanismo previsto en el Real Decreto-ley 2/2025, cuya constitucionalidad también ha impugnado.

El primero de estos decretos desarrolló este sistema en 2025 y el segundo lo aplica este año.La Comunidad de Madrid también ha emprendido acciones judiciales contra procedimientos concretos de ubicación y traslado de menores a la región y ha solicitado su suspensión.

Su objetivo es «evitar que estos traslados se lleven a cabo mientras esté pendiente de resolución la constitucionalidad del sistema que los regula».Por último, en materia de asilo y protección internacional, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid recurrió ante el Tribunal Supremo, que el pasado mes de diciembre obligó al Gobierno central a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo que se encontraran en la Comunidad de Madrid.