Antidisturbios «hostigados»

«El dispositivo del 1-O no difería en nada de una final de Champions o de una visita del Papa.

Ni en los criterios de actuación, ni el material que llevan las Unidades de Intervención Policial (UIP)», conocidas popularmente como antidisturbios.

Cuatro de sus agentes, un 'bocachero' y tres mandos, se sientan en el banquillo de la Audiencia de Barcelona, acusados de lesiones y torturas a un activista, Roger Español, que aquella fecha, el 1 de octubre de 2017, perdió un ojo tras recibir el impacto de una pelota de goma.

Este jueves, durante la segunda sesión del juicio, uno de los responsables policiales de aquel despliegue ha defendido que los funcionarios actuaron con congruencia, oportunidad y proporcionalidad. «No había nada distinto a lo que se nos encomienda en cualquier servicio», apuntó ante el tribunal de la Sección Segunda, para recordar que son una unidad de élite.

Único momento, por cierto, en el que los acusados han esbozado una leve sonrisa: ante el reconocimiento de su jefe.

La abogada de Òmnium Cultural, que ejerce, junto a Irídia y la ANC, la acusación popular, ha deslizado entonces: «¿Para los agentes podría haber una carga emotiva y eso se pudo traducir en un exceso del uso de la fuerza [durante el referéndum]?».

Antes de que el mando pudiese articular palabra, el presidente del tribunal ha intervenido: «No ha lugar, letrada.

El testigo ya ha respondido que no había nada ajeno a cualquier otra actuación».

Igual que ayer durante el arranque de la vista, el togado ha evitado que el juicio, que se centra en una concreta actuación con un lesionado durante la jornada de votación, declarada ilegal, se extienda a una revisión del conjunto del dispositivo del 1-O.

Esta segunda jornada ha arrancado a trompicones no por una, sino por dos intérpretes fallidas, cuya labor pasaba por traducir del catalán al castellano las preguntas de las acusaciones a los testigos.

Ante la incapacidad de la primera, el magistrado ha planteado a los abogados suspender la vista hasta localizar a una sustituta o bien proseguir.

Primero, en el caso de la Òmnium, la abogada se ha 'traducido' ella misma, planteando sus cuestiones en sendos idiomas.

A la llegada del relevo, su dominio del catalán era igualmente insuficiente para realizar la tarea, así que los letrados han acabado por pasarse al castellano por economía procesal.

Eso sí, no sin preguntar antes a cada testigo -todos policías- si entendían el catalán.