Los cambios del Gobierno en el control de los lobbies tras las presiones por el 'caso Zapatero'

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). EP.

La regulación de los grupos de interés ha dejado de ser una asignatura pendiente del sistema de transparencia español para convertirse en una de las piezas centrales de la agenda de regeneración institucional del Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto-ley que crea un registro estatal, público, gratuito y obligatorio de lobbies , introduce nuevas obligaciones para quienes ejercen actividades de influencia y establece mecanismos para seguir el rastro de sus aportaciones a las decisiones públicas.

La reforma llega, además, en un momento particularmente sensible. La investigación de la Audiencia Nacional sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero , en el marco del caso relacionado con el rescate de Plus Ultra, ha situado en primer plano el debate sobre las fronteras entre la legítima interlocución con las instituciones, la actividad de consultoría y un eventual aprovechamiento privado de las relaciones y conocimientos adquiridos en el ejercicio del poder. La investigación judicial, que se encuentra en curso, no equivale a una condena ni permite anticipar responsabilidades penales.

El nuevo marco normativo pretende precisamente actuar sobre ese territorio intermedio: no criminalizar la influencia —legítima en una democracia plural—, sino hacerla identificable, documentada y fiscalizable.

El cambio fundamental reside en que la actividad de influencia deja de quedar circunscrita a los encuentros formales o a los contactos más visibles . La norma considera actividad de influencia las comunicaciones, directas o indirectas y por cualquier canal, dirigidas a intervenir en la elaboración de políticas, normas o decisiones administrativas.

El registro deberá recoger quiénes son los grupos de interés, quién los representa, cuáles son sus fuentes de financiación y qué actividad desarrollan. También deberá identificar a quienes hayan ocupado determinados puestos o cargos públicos durante los cinco años anteriores a su inscripción.

La filosofía que subyace a la reforma es sencilla, aunque sus consecuencias institucionales pueden ser profundas: la influencia sobre el poder público no tiene por qué ser ilegítima, pero no debería ser invisible .

La norma circunscribe su aplicación a la Administración General del Estado y al sector público institucional estatal. El registro será gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , que asumirá además funciones de supervisión y control.

El Ejecutivo no presenta la iniciativa como una respuesta exclusivamente vinculada al caso Zapatero. La regulación de los lobbies figura desde hace años entre los compromisos españoles en materia de transparencia y Gobierno abierto.