El lobby español se equipará a Europa y se prepara para crecer con fuerza tras su regulación definitiva

La práctica profesional del lobby y los asuntos públicos se equipará a los principales estándares europeos con el Real Decreto-ley de transparencia e integridad de los grupos de interés que aprobó ayer el Consejo de Ministros y se prepara para crecer con fuerza en España gracias al nuevo marco regulatorio, según la valoración de las principales organizaciones y actores del sector.

La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), AP Institute y H/Advisors Public Affairs Spain coinciden en considerar positivamente una regulación que "reconoce la legitimidad de la representación de intereses y proporciona mayor seguridad jurídica" a empresas, organizaciones, profesionales e instituciones.

Fuentes de empresas del IBEX 35 confirmaron también que se trata de "una muy buena noticia" que permitirá reforzar y ampliar sus áreas y necesidades de asuntos públicos, pues consideran que la existencia de reglas claras facilitará la integración de esta actividad en los sistemas de gobierno corporativo, 'compliance' y gestión de riesgos.

La norma crea un registro estatal, público y obligatorio e introduce la publicidad de reuniones, la huella normativa, un código de conducta y un régimen sancionador.

España aproxima así su modelo al Registro de Transparencia de la Unión Europea y a los sistemas existentes en países de referencia como Francia y Alemania.

Las principales compañías españolas y multinacionales llevan años trabajando bajo las reglas europeas, por lo que el nuevo marco nacional extiende a Madrid unos estándares ampliamente asumidos en Bruselas.

España ocupa ya la cuarta posición entre los países de la UE por número de grupos de interés inscritos en Bruselas, con más de 1.000.

El presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), Joaquín Mouriz Costa, valoró muy positivamente la aprobación de la regulación.

"Después de muchos años de espera, es una muy grata noticia que España, finalmente, dé un paso decisivo hacia una relación más transparente, íntegra y responsable entre los grupos de interés y las instituciones públicas.

La comunicación corporativa y los asuntos públicos forman parte de una misma responsabilidad: explicar con claridad qué intereses representa una organización, qué posiciones defiende y cómo contribuye al debate público.

La nueva norma ayuda a ordenar esa relación y fortalece la confianza entre empresas, instituciones y ciudadanía", afirmó.