Qué dice la ley sobre la okupación: desalojos exprés y derechos de los propietarios

Descubrir que alguien se ha instalado en un inmueble sin autorización puede desencadenar un largo conflicto legal .

En este sentido, la legislación española contempla una serie de mecanismos para actuar frente a estas situaciones .

La clave principal está en distinguir si se ha ocupado una vivienda que constituye la morada de alguien, un inmueble que estaba vacío o una casa en la que reside un inquilino que ha dejado de pagar el alquiler.

En plena campaña electoral, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , ha anunciado que impulsará una nueva ley contra la ocupación ilegal si llega a la presidencia del Gobierno.

Para ello, defendió una política de "tolerancia cero" y aseguró que su intención es que los ocupantes ilegales abandonen los inmuebles en un plazo máximo de 48 horas: "Fuera en 48 horas, sí o sí" .

En este sentido, la ocupación ilegal de inmuebles está regulada en España tanto por el Código Penal como por la legislación procesal civil.

La reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025 , en vigor desde el 3 de abril de ese año, incorporó determinados delitos de allanamiento de morada y usurpación al procedimiento de enjuiciamiento rápido siempre que se cumplan los requisitos procesales establecidos.

No obstante, este cambio no significa que cualquier ocupación se pueda resolver de forma automática en unos días ni que exista un plazo único para recuperar una vivienda.

Las diferencias entre usurpación y allanamiento de morada El primer paso para entender qué dice la ley es distinguir entre los dos delitos que pueden estar relacionados con la ocupación.

El allanamiento de morada , regulado en el artículo 202 del Código Penal, se produce cuando una persona entra en una morada ajena o permanece en ella contra la voluntad de quien la habita.

Este delito protege la inviolabilidad del domicilio, por lo que no se limita solo a la vivienda habitual .

Una segunda residencia también puede considerarse morada si se acredita que su propietario la utiliza realmente como espacio de vida privada, aunque no resida allí de manera permanente.

El artículo 202 establece una pena de prisión de seis meses a dos años .

Si la entrada o permanencia se produce con violencia o intimidación, la pena prevista es de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.