Los papeles del ático desmontan dos meses de mentiras del Gobierno de Ayuso

El expediente de la adquisición del ático no aclara quién decidió comenzar la búsqueda del piso y por qué se eligió uno que está en el barrio donde creció la presidenta madrileña El Gobierno de Ayuso reconoce ahora que el ático se compró para “alojar a las propias autoridades de la Comunidad” El lujoso ático del Paseo del General Martínez Campos de Madrid que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró en abril por 6,3 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid seguirá en manos del Ejecutivo regional tras fracasar la operación puesta en marcha para venderlo en julio, justo un día después de que se conociera la adquisición a través de la prensa.

La decisión se conocía solo unos minutos antes de la esperada comparecencia del consejero de Presidencia y máximo responsable de Planifica Madrid, Miguel Ángel García, en la Asamblea regional, que finalmente solo sirvió para añadir una nueva versión sobre la polémica compra: por primera vez, el Gobierno de Ayuso reconocía que el uso real que pretendía dar la administración a la vivienda era de “alojamiento”, después de haber dicho en los últimos dos meses que el inmueble se iba a utilizar para alojar oficinas de la Comunidad.

En la memoria esgrimida por el consejero durante su comparecencia y que habla de los fines que el Gobierno de Ayuso quería dar al ático, se recoge expresamente el uso “institucional de carácter residencial” del inmueble, lo que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica.

“En el contexto actual es una práctica habitual a nivel estatal, autonómico o incluso local disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales”, decía la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia a principios de julio en ese documento consultado por elDiario.es.

Hay “razones operativas, de seguridad y de representación institucional” que justifican la pertinencia de contar con un “inmueble institucional de carácter residencial”, insistía el Gobierno de Ayuso, con una zona destinada lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades “en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”.

Lo que pretendía la Comunidad de Madrid era alquilar a partir del 1 de agosto el piso que previamente había comprado Planifica Madrid por más de seis millones en un contrato formalizado en abril.

Ese arrendamiento, que iba a ascender a 3.000 euros al mes, llegó a firmarse el día 28, pero dos días después, el 30, la Comunidad de Madrid dijo que ya no le hacía falta.