El exjefe de gabinete de Sánchez que propició la entrada de Leire Díez en la Administración comparece ante el juez para el volcado de su móvil
Juan Manuel Serrano, actualmente en el sector privado, fue un hombre clave para el presidente Pedro Sánchez en el inicio de su ascenso político. Ejerció como jefe de su gabinete cuando era secretario general del PSOE, entre 2014 y 2018, y posteriormente ostentó puestos relevantes en el sector público, entre ellos, la presidencia de Correos . Aunque el juez del caso Leire en la Audiencia Nacional aún no le ha llamado formalmente para que declare en calidad de investigado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha de su participación en la trama de amaños y en la confabulación contra fiscales y guardias civiles que investigan al Gobierno. Por esa razón, quieren indagar en los mensajes de su teléfono móvil.
Serrano ha sido citado este martes ante el juez Santiago Pedraz para que esté presente y verifique el clonado del iPhone que le fue intervenido como "medida preliminar" el pasado 27 de mayo --fecha del estallido de la operación con la entrada de la UCO en la sede socialista en Ferraz-- según reconoce la propia UCO en un oficio remitido al juez central de Instrucción número 5 a principios del pasado mes de julio al que tuvo acceso EL PERIÓDICO. La defensa de Serrano ha presentado un recurso en el que solicita que se invalide dicha incautación, que considera que se hizo sin autorización del juez.
Se trata del hombre que, según los investigadores, propició el acceso de la exmilitante Leire Díez a altos cargos de la Administración pública --obtuvo un cargo directivo en Correos, donde controló Relaciones Institucionales y Filatelia-- y aunque los agentes ya disponen de algunas conversaciones entre ambos, quieren seguir profundizando en esta vía.
Se investiga, concretamente, a un grupo presuntamente dirigido por el que fuera 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán , que, desde al menos 2021, se habría valido de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas al sector público y, en particular, a las empresas del grupo dominado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para orientar diversos expedientes en beneficio propio o de terceros. A ello se sumaron posteriormente las maniobras para obstaculizar causas judiciales.
En el caso de Serrano, la UCO apunta en su informe que presenta "la particularidad" de que se relaciona "tanto con la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI como con la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno".
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