El "no nos amordazarán" del Gobierno se extiende entre los jueces progresistas: "El sistema judicial trabaja demasiado poco en la imparcialidad"

Jueces y fiscales expresaban poco después de la decisión cautelar del Tribunal Supremo que impide votar a parte de los españoles nacionalizados mediante la llamada ‘ley de nietos ' su "honda preocupación" por la resolución.

Este ha sido seguramente el mayor punto de fricción del Gobierno de España con el Poder Judicial en las últimas semanas, un choque que se produce en medio de la crisis migratoria que acontece en Ceuta como consecuencia de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio.

Sin embargo, si se alude a los últimos días, además de estas dos cuestiones cabría tener en cuenta las críticas del ministro de Justicia, Félix Bolaños , sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) , al que recurría en el marco de sus quejas contra el juez Juan Carlos Peinado que el organismo archivó .

El ministro de Transportes, Óscar Puente , o el propio Bolaños, pero también otros miembros del Gobierno como el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López , o la portavoz socialista Montse Mínguez , han criticado actuaciones judiciales que han protagonizado parte de la actualidad de Tribunales de la última semana. Pero, ¿qué dicen los expertos?

Voces progresistas del lado jurídico con las que ha hablado este periódico muestran asimismo su descontento o, al menos, plantean dudas respecto del buen hacer de, a menos, parte de la Justicia con los sucesos que marcan la actualidad.

Joaquín Urías , exletrado del Tribunal Constitucional, considera que “Vox, el PP y el Tribunal Supremo nos quieren intentar convencer de que detrás del exilio que se produjo durante la Guerra Civil o en los años inmediatamente posteriores… No se sabe. Que estas personas tienen que demostrar que se exiliaron por motivos políticos , y si no tienen pruebas, como sucede en la mayoría de los casos debido a la complejidad de lo mismo, no pueden recuperar la nacionalidad española”. Así, el igualmente catedrático de Derecho Constitucional considera que “el punto de partida de todo es una negación de la dictadura franquista como lo que fue”.

Ramiro García de Dios , quien fuera juez durante más de 30 años, considera que la decisión cautelar del Supremo es “arbitraria” . “La sentencia ignora legislación sobre la materia y supone un ataque frontal al significado y alcance del derecho fundamental al voto en virtud de la nacionalidad española”, proyecta.

Miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, llega a hablar de ejemplo de ‘lawfare’ contra el Gobierno. “Trata de desacreditarlo, deslizando el bulo de que los descendientes de exiliados o emigrantes españoles podrían alterar el resultado electoral y que todo está hecho para inflar el censo artificialmente para que voten”. “Es un disparate, un delirio” , define.

Urías aprecia que existe un fallo de base, en tanto en cuanto “no tiene claro que la instrucción sea un exceso en la ley”. “Se asume que la instrucción permite dar la nacionalidad, aunque no sea por motivos políticos.