El Gobierno obligará a informar hasta de los wasaps que los cargos públicos reciban de empresas y lobbies

Víctor de Aldama y otros implicados en la trama Koldo del caso Ábalos pudieron moverse con libertad por los pasillos y los despachos del Ministerio de Transportes sin que nada trascendiera a la opinión pública.

Bajo el velo de la opacidad de la agenda de los altos cargos y la ausencia de una obligación legal de transparentar las reuniones y contactos que mantienen las personas encargadas de redactar las leyes con quiénes tienen intención de influir en ellas ha medrado una casta de conseguidores , que no solo ha permitido la proliferación de tramas corruptas sino que ha extendido un halo de desconfianza sobre aquellos otros profesionales del lobby que defienden los intereses de sus clientes de manera lícita.La Comisión Europea, la OCDE o el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) llevan más de una década exigiendo a España una legislación que regule los grupos de interés y aumente la transparencia de las actuaciones públicas, sin demasiado éxito.

Hasta ahora.

Este jueves entrará en vigor un real decreto ley aprobado el martes en Consejo de Ministros que regula la actividad de los grupos de interés, pendiente como siempre de que sea convalidado por el Congreso de aquí en treinta días.

La norma incrementa las obligaciones de información de los altos cargos sobre las reuniones que mantengan con empresas, agencias de lobby y otros grupos de interés, hasta el punto de obligar de forma expresa a reportar «toda comunicación directa o indirecta de un grupo de interés con el personal y/o cargo público susceptible de influencia realizada por cualquier medio o canal con la finalidad de incidir en la toma de decisiones públicas, en el diseño o aplicación de políticas públicas, o en la elaboración, modificación o aprobación de proyectos normativos, en beneficio de intereses propios o de terceros».

Un grado de detalle que según un profesional del sector consultado por ABC exigirá que se informe «hasta de los mensajes de Whatsapp» y cuyo cumplimiento efectivo considera improbable.Luz sobre el proceso de formación de las leyes¿Por qué? Porque el Gobierno, que ha aprobado de forma sorpresiva en pleno mes de agosto y por real decreto ley una norma que ya estaba tramitándose en el Congreso, pretende que se hagan públicos todos los documentos, estudios, datos, informes y argumentarios que presenten las empresas, las patronales, los sindicatos o cualquier otro grupo de interés para tratar de influir no solo en una ley determinada sino en cualquier otra política pública.