Las desclasificaciones a la carta del Gobierno: Ceuta y el 23-F sí, pero no el espionaje al independentismo

El Ejecutivo usa puntualmente o forzado por Junts su capacidad para publicar documentos reservados mientras sigue sin aprobarse la ley de secretos oficiales que sustituya a la norma franquista en vigor Qué dicen las tres comunicaciones del CNI a Delegación del Gobierno en Ceuta, Guardia Civil y Marruecos La desclasificación de documentos que el Gobierno ha impulsado tras la crisis humanitaria en Ceuta ha reabierto un viejo debate: la discrecionalidad de la que dispone el Ejecutivo para retirar la reserva a los secretos oficiales debido a la falta de una ley que sustituya a la norma franquista que todavía está en vigor en España.

En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha realizado dos grandes desclasificaciones por iniciativa propia: la de Ceuta y la de los papeles del 23-F en el 55º aniversario del golpe de Estado.

A regañadientes, y forzado por Junts, el Gobierno también publicó documentos secretos sobre Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll y cerebro de los atentados de Barcelona de 2017 .

El movimiento alimentó la teoría de la conspiración sobre los ataques que lanza parte del partido de Carles Puigdemont.

Por el contrario, y pese a la expresa petición de varios jueces, el Ejecutivo ha mantenido el cerrojo a buena parte de los papeles del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del espionaje a los independentistas, y tan solo ha desclasificado los autos (con tachones que impiden su consulta completa) del Tribunal Supremo que lo autorizaron.

El historiador Javier Buces, responsable del área de Memoria Histórica del departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, explica que, al estar en vigor la ley franquista, las desclasificaciones de secretos oficiales son “puntuales por interés o por una demanda social”.

Buces se ha encontrado con la barrera del secreto en algunas de sus investigaciones de los crímenes de la extrema derecha (algunos amparados por los servicios secretos) durante la transición.

El experto tiene claro el déficit que comporta la actual legislación: “Es un impedimento total para conocer la historia reciente y un agravio comparativo en el acceso a la verdad para las víctimas de la violencia del Estado ”.

La desclasificación del 23-F, ahonda el historiador, fue “un parche” al manto de secreto que todavía cubre los años de la transición y el inicio de la democracia.

El pleno acceso a los documentos del CESID (el antiguo CNI) terminaría por desmontar el mito de la transición pacífica española , agrega Buces.

“Es imposible avanzar en materia de derechos humanos y memoria histórica, como nos dice la ley de memoria democrática, y mantener la ley franquista de secretos oficiales”, asevera este experto.