La Junta cambió el mecanismo de control sobre el gasto y fiscalizó a posteriori durante cuatro años

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado una labor de fiscalización sobre un cambio de procedimiento a la hora de supervisar los gastos en los que ha incurrido el Gobierno regional, pasando de control previo a control financiero permanente sobre un montante de casi 38.000 millones de euros desembolsados entre los años 2020 y 2024.

Esto supone en la práctica, según se deduce del informe del órgano fiscalizador, que sobre aquellos gastos en los que se aplica el control previo, si la Intervención formula reparos, el expediente no puede continuar hasta que se subsanen las deficiencias detectadas; mientras que si se aplica el control financiero permanente, la supervisión se realiza con posterioridad a la ejecución de la actividad y se pierde el efecto de suspenderla.

En dicho documento se explica que, «con carácter general, las consejerías y agencias administrativas están sometidas a control previo, que se ejerce antes de la aprobación del gasto y tiene carácter suspensivo».

Sin embargo, la Junta optó por el segundo modelo durante cuatro años sobre 37.921,01 millones de euros de obligaciones reconocidas.

Cabe destacar que un 80% de esas obligaciones corresponden a los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) , con 30.276,47 millones.Así se recoge en el resumen del informe que ha elaborado el órgano auditor a partir de dicho trabajo, incluido en su Plan de Actuaciones del ejercicio 2025, que se ha difundido este viernes tras su envío al Parlamento.

Desde la Cámara de Cuentas aclaran que «la normativa contempla la posibilidad de sustituir el control previo por el control financiero permanente en determinados gastos, órganos o servicios cuando se considere adecuada esta fórmula de gestión, previo acuerdo del Consejo de Gobierno».

Y así se llevó a cabo.Este cambio se aplicó en tres grandes bloques que son órganos y servicios, subvenciones y ayudas y otros gastos.

El mayor peso corresponde a órganos y servicios, con 30.387,14 millones, que representan el 80,13% del total afectado.

Dentro de este bloque, destacan especialmente los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones, equivalentes al 79,84% del total del procedimiento.En materia de subvenciones y ayudas, el procedimiento se ha aplicado a 47 bases reguladoras, distribuidas entre ocho consejerías, con un importe total afectado de 2.652,13 millones, lo que supone el 6,99% del total.

Entre ellas, la Consejería de Empleo concentra el mayor número de líneas e importe , con 13 líneas y 1.174,60 millones, seguida de las de Igualdad y Educación.Respecto a los otros gastos, estos ascienden a 4.881,74 millones de euros, representativos del 12,87% del total afectado.