El Gobierno aprueba el anteproyecto de la ley de asilo y una reforma de la ley de extranjería en medio de la crisis de Ceuta

Marlaska ha defendido que ambos anteproyectos han sido elaborados "con un enfoque garantista de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes" Robles defiende la labor del CNI en Ceuta y descarta que Marruecos participase: “El asalto fue una autogestión de individuos” El Consejo de Ministros de este martes, el primero tras el parón estival, ha aprobado dos anteproyectos para adecuar la legislación española al pacto europeo de migración y asilo que entró en vigor en junio: la ley de asilo y reforma de la ley de extranjería.

A continuación se dará traslado a los ministerios con competencia en la materia para incorporar el conjunto de sus aportaciones y se pedirán los informes preceptivos al Consejo General del Poder Judicial y organismos como el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

Según ha explicado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el primer anteproyecto articula una nueva ley de asilo que actualiza y precisa las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria.

Respecto a la ley de extranjería, la reforma incorpora la figura del triaje, el proceso de recogida de información de las personas extranjeras que cruzan las fronteras sin haber sido sometidos a los controles fronterizos de entrada.

Este control incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos.

El triaje es obligatorio para los Estados miembros y, aunque el reglamento europeo fija un plazo de hasta siete días, en España seguirán siendo 72 horas, prorrogables solo por decisión judicial para limitar al mínimo imprescindible el tiempo que esta persona deba permanecer en las instalaciones policiales habilitadas para el triaje, según la explicación de Marlaska.

Sobre el procedimiento fronterizo de retorno, la reforma incorpora los preceptos del Pacto Europeo sobre Migración que “impiden la entrada” en territorio nacional de aquellas de aquellas personas que llegan de manera irregular a las fronteras y no tienen derecho a protección internacional, procedimiento que “tiene un plazo máximo de tramitación de 12 semanas”.

Los solicitantes de protección internacional que vean rechazada su posición recibirán una notificación junto a la denegación de entrada y la obligación de abandonar el país.

Marlaska ha defendido que ambos anteproyectos han sido elaborados “con un enfoque evidentemente garantista de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes”, un enfoque que ya llevó a España “a rechazar el reglamento de retorno a terceros países”.