La magia de la 'ley de nietos'

El presidente Sánchez busca asegurarse una próxima victoria electoral con un truco jurídico: aumentar sustancialmente el censo electoral de votantes favorables.

El mecanismo es maquiavélico: crear millones de nuevos votantes, que votarían por primera vez desde el novedoso agradecimiento de haber recibido el regalo de una nacionalidad española que no tenían.

Y esto, sin tocar la legislación sobre el censo electoral ni modificar las normas del Código Civil sobre nacionalidad –que es pura materia de derecho privado correspondiente al estado civil de las personas–.

Para su mente poco escrupulosa se vale de la Ley de Educación como caballo de Troya para meter a capón una nueva disposición adicional en la Ley de Memoria Democrática con el contenido siguiente: «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española a los efectos del artículo 20 del Código Civil (…)».

Además, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dictó la Instrucción 25 de octubre de 2022, con la función de interpretar la ley, pero dándole un alcance que su letra no tiene.

Las barbaridades cometidas con este artificio jurídico son múltiples.

Primero, la utilización de la Ley de Educación como herramienta para colar por vía de enmienda una disposición adicional en la Ley de Memoria Democrática es lo que los letrados del Congreso han denunciado en su desfavorable informe como una 'enmienda intrusa'.

Y efectivamente lo es: resulta incongruente con el objeto y finalidad del proyecto educativo y no existe el mínimo punto de conexión material entre las respectivas materias de una y otra ley.

De ahí que Sumar presentara la enmienda sin justificación alguna, sin argumentos que disfrazaran jurídicamente la maniobra parlamentaria.

La Ley de Educación aborda asuntos como los ratios de alumnos, la jornada lectiva o las condiciones de los docentes, que nada tienen que ver con la Ley de Memoria Democrática que supuestamente pretendía restaurar derechos a los españoles exiliados por la Guerra Civil o por el régimen político franquista.

El informe desfavorable de los letrados del Parlamento recuerda la doctrina sobre 'enmiendas intrusas', advirtiendo que pueden vulnerar el artículo 23 de la Constitución sobre el «derecho de participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo».