Ni estado de alarma ni excepción: qué es la situación de interés para la seguridad nacional’ activada en Ceuta

La crisis de Ceuta ha llevado al Gobierno a utilizar por primera vez una figura prevista desde 2015, pero nunca aplicada hasta ahora: la situación de interés para la seguridad nacional (SISN). La medida se ha declarado mediante el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto y se completa con la declaración de recursos aprobada por el Real Decreto 705/2026, de 26 de agosto .

La medida tiene interés, valga la redundancia, porque permite explicar una figura poco conocida. Y también porque muestra algo importante: en seguridad pública, tener una herramienta jurídica prevista antes de una crisis da ventaja , ya que no hay que inventar el mecanismo cuando el problema ya está encima.

Pero que algo esté escrito en una ley no garantiza por sí solo que funcione; la verdadera prueba llega cuando debe aplicarse sobre el terreno .

La primera idea que conviene aclarar sobre la situación de interés para la seguridad nacional es sencilla: no estamos ante un estado de alarma, excepción o sitio. Tampoco ante una suspensión de derechos fundamentales. Sirve para coordinar mejor los medios ordinarios del Estado cuando una crisis se vuelve demasiado compleja para ser gestionada por separado desde cada administración o departamento.

La Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, regula esta figura en su artículo 23. Aunque su redacción es técnica, puede explicarse con tres rasgos muy claros:

Por eso puede decirse que la situación de interés para la seguridad nacional ocupa un espacio intermedio . Está por encima de la gestión ordinaria de un problema administrativo o policial, pero por debajo de los estados de alarma, excepción y sitio. Se activa cuando la normalidad institucional sigue vigente, pero necesita funcionar con más unidad, más rapidez y más coherencia.

Este matiz es decisivo. En una crisis compleja, muchas veces el problema no es que falten competencias, sino que sobren compartimentos. Cada administración puede estar haciendo algo razonable desde su ámbito, pero el conjunto puede no estar funcionando como un sistema. La finalidad de esta figura es precisamente evitar esa fragmentación .

También es importante saber quién puede declararla. La Ley 36/2015 atribuye esa competencia al presidente del Gobierno . La declaración debe incluir, al menos, la definición de la crisis, el territorio afectado, la duración, la posible autoridad funcional y los recursos humanos y materiales necesarios.

En el caso de Ceuta, el Gobierno ha designado como autoridad funcional al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez. Su papel no consiste en sustituir a las autoridades competentes ni en absorber las funciones ordinarias de cada administración, sino en coordinar sus actuaciones para que respondan a una misma estrategia.

Cada órgano mantiene así sus competencias, pero las ejerce dentro de un marco reforzado de dirección y coordinación del Gobierno.

La declaración afecta al territorio de Ceuta, sus puestos fronterizos, costas, puerto y aguas adyacentes bajo jurisdicción española.