Castilla y León afea al Gobierno la «inacción» y el «fracaso de gestión» en Ceuta

Un «fracaso de gestión» en una cuestión que es «de seguridad nacional».

Con estas palabras definía este jueves el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, el trabajo desarrollado por el Gobierno central en la crisis migratoria de Ceuta.

También le ha acusado de «incapacidad» e «inacción» en el control de las fronteras -una «competencia» estatal- en el momento que «80.000 personas» cruzaron a la ciudad ceutí « de manera ilegal» el pasado 30 de julio.

Por ello, desde el Ejecutivo regional han solicitado al Ejecutivo de la Nación que «analice bien la situación» y que «tome las decisiones que corresponda» de acuerdo con su funciones.

Además, desde Castilla y León se exige el «cumplimiento de la normativa» y el «análisis individual» de que cada una de las personas que han llegado para que puedan «retornar a su país de origen».

En el caso de lo menores, la petición es que se «analice la documentación» y se elaboren expedientes «individuales» con el «primer objetivo» de que regresen con su «núcleo familiar».

Y es que «a día de hoy», decía el portavoz, «no hay datos precisos, ni documentación ni se ha resuelto la situación» en un escenario que, «en función del ministro que hable hay una visión u otra distinta».

Lo que sí hará Castilla y León, insistía, es analizar «caso a caso» los expedientes de menores que les llegue, pedir pruebas de edad a la Fiscalía y comprobar si e han realizado los trámites necesarios para el retorno con los familiares.

De lo contrario, se recurrirán, tal y como informó también ayer el vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán.

Carriedo hacía estas declaraciones el mismo día en que se celebraba la Conferencia Sectorial de Infancia para tratar el asunto de la atención de los menores llegados a Ceuta.

Una reunión a la que no ha asistido el representante de Castilla y León, que en este caso es Pollán, como consejero también de Desregularización, Acción Social e Infancia.

Lo mismo han hecho sus homólogos en los gobiernos autonómicos de los que forma parte Vox. «Ilegal» Una postura que ha sido duramente criticada por el líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, quien ha llegado a tildar de «ilegal» al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por no acudir a la convocatoria en la que finalmente se ha acordado destinar 25 millones de euros para atender a los menores en Ceuta.