Prisión para dos inmigrantes y libertad vigilada para un menor por la agresión a un guardia civil en Ceuta
El juez ha ordenado este martes la entrada en prisión de dos de los inmigrantes que agredieron a un guardia civil en Ceuta y ha dictado la libertad vigilada para el tercer detenido que es un menor de edad, según informan fuentes judiciales a ABC.
La víctima, que estaba fuera de servicio, fue abordado en el puerto por un individuo que le exigió dinero y que, al negarse, fue asaltado por el atacante y otras cinco personas que se sumaron al mismo.La investigación sigue abierta para tratar de identificar a más autores del ataques.
Los tres primeros ya cuentan con medidas cautelares.
Los dos mayores de edad ingresarán en prisión provisional y el menor ha quedado en libertad vigilada.
Un dictamen que se produce en una situación complicada a nivel judicial en Ceuta ya que sufren un «desbordamiento brutal», según explican estas fuentes.La Fiscalía y los Servicios Jurídicos de la AUGC reclamaron estas medida por los presuntos delitos de atentado contra agente de la autoridad, lesiones y resistencia a los policías nacionales que intervinieron en la detención.Según el relato de la AUGC, su afiliado se identificó como guardia civil, momento en el que fue golpeado «aún más fuerte» a las 4.30 horas la zona del muelle Cañonero Dato .
Tras contactar con el 091 «la respuesta de los agresores: empujones, patadas y puñetazos», a pesar de lo cual los policías nacionales intervinientes y el propio agredido lograron arrestar a tres personas.Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, AUGC difundió que se puso en contacto con el agente para interesarse por su estado y poner a su disposición los servicios jurídicos de la asociación, con el fin de que pueda ejercer la acusación particular desde el primer momento del procedimiento.Esta personación resulta determinante no solo para la defensa de sus intereses en el juicio, sino también de cara a una eventual reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado en caso de que los condenados resulten insolventes o de que alguno de los autores no llegue a ser identificado.
Existen resoluciones judiciales que reconocen esa responsabilidad cuando la agresión guarda relación con la condición de guardia civil de la víctima, circunstancia que en este caso queda reforzada por el hecho de que el agente se identificara expresamente antes de ser golpeado.
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