La vivienda como condición de la libertad

Una persona que trabaja y no puede pagar un hogar vive con una libertad recortada porque aplaza su independencia, rechaza oportunidades laborales y renuncia a formar una familia.

La posibilidad de construir una vida propia depende también de poseer una dirección estable y de un alquiler compatible con el salario.

Por eso, cualquier proyecto político y social para España debe empezar por la vivienda.El Banco de España ha situado en unas 750.000 viviendas la diferencia acumulada entre la creación neta de hogares y las viviendas terminadas entre 2021 y 2025.

Ese cálculo no equivale a un inventario de necesidades idénticas en cada municipio.

Pero sí revela un desajuste que exige construir más donde existe demanda y, por tanto, abandonar las soluciones que prometen resultados inmediatos sin explicar cómo conseguirlos.Es necesario promover un acuerdo entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para movilizar suelo, rehabilitar edificios y ampliar un parque de alquiler asequible que conserve su función social.

Cada operación debería publicar su coste, sus plazos y sus criterios de adjudicación.

La colaboración con empresas y cooperativas puede incrementar la capacidad constructiva, siempre mediante contratos transparentes y compromisos verificables sobre los precios y la conservación.También se debe agilizar las licencias con procedimientos claros y eliminar trámites duplicados que alargan los procesos.

Una política responsable relaciona las nuevas viviendas con los servicios públicos, las redes de abastecimiento de agua y de electricidad y las conexiones que funcionen desde el primer día.

Los municipios deberían publicar cuántas viviendas autorizaron y cuántas se terminaron.

Comparar los dos datos permitiría localizar los retrasos y decidir dónde falta personal para trabajar, la ausencia de una financiación adecuada o unas infraestructuras que den servicio a los ciudadanos.El alquiler exige garantía para el propietario, reglas previsibles y protección efectiva para los arrendatarios y arrendadores.

Los propietarios deben disponer de mecanismos ágiles ante los impagos.

Pero al mismo tiempo, los hogares vulnerables necesitan un apoyo social temprano y alternativas habitacionales.

Los conflictos deben resolverse en un plazo breve.

Las ayudas a los compradores e inquilinos deben diseñarse con cuidado.