Asociaciones judiciales conservadoras intentan en vano deslegitimar a España ante Europa
España se ha convertido en uno de los países europeos con menor confianza de la ciudadanía en la independencia de la Justicia.
Un cuestionable hito del que es imposible desvincular a los profesionales de la judicatura, quienes lo han hecho posible con sus decisiones controvertidas y diferenciadas en función del caso o con la maleabilidad de los tiempos procesales.
Esto podría constituir "serios problemas para el Estado de derecho en España que nos parecen similares a los de Polonia", país donde la Comisión Europea se vio obligada a intervenir.
No obstante, esta dura afirmación, emitida por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), está lejos de poner el foco en las controvertidas actuaciones que vienen protagonizando los tribunales españoles de un tiempo a esta parte.
La organización, muy cercana al Partido Popular (PP), considera que el problema es el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, al que compara con el de los ultraderechistas y ultracatólicos polacos de Ley y Justicia (PIS, por sus siglas en polaco) que se desempeñó hasta 2023, y así se lo trasladó a Bruselas.
La AJFV, segunda en número de asociados, recoge estas duras palabras en sus aportaciones al Informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europa de 2026.
Otros agrupaciones conservadoras, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), primera en número de asociados, y Foro Judicial Independiente (FJI), también han trasladado quejas, pero ninguna de este calado.
Si bien las tres, que impulsaron la huelga ilegal de la magistratura para boicotear decisiones del ejecutivo y el legislador, coinciden en criticar al Ejecutivo central y al momento actual.
Las asociaciones conservadores entienden que la separación de poderes está en peligro por las críticas recibidas, pese a que son miembros del poder judicial los que abiertamente han intentando boicotear los mandatos de los otros dos poderes; por la falta de independencia judicial, que desde hace tiempo ningún español considera, y cada vez menos la entienden como más que un lema vacío; y por la colocación de jueces afines, pues gustaban más cuando todos los órganos de dirección de los jueces y principales tribunales estaban en manos de togados derechistas, cuidadosamente designados por el PP.
"Este año se ha consumado la toma de control por el Ejecutivo del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General del Estado", denuncian desde la AJFV, tal y como ha recordado infoLibre.
Las elecciones se han producido conforme a la legalidad y se entiende que el malestar de la asociación conservadora es que los elegidos no sean de su cuerda.
"Es precisa una intervención urgente para proteger el Estado de derecho en España", llegan incluso a solicitar los de Francisco de Vitoria a las autoridades europeas.
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