El Gobierno de Ayuso da plantón a la reunión en la que se debatirá el nuevo sistema de financiación autonómica

Después de meses de negociaciones y un intento fallido por la negativa de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha dado portazo al Ministerio de Hacienda y al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para la reunión que se celebrará este viernes, donde se debatirá el nuevo sistema de financiación autonómica.

El Ejecutivo de la Puerta del Sol ha denunciado así en un breve comunicado que se ha pactado "de manera bilateral y a espaldas" del resto de las autonomías, considerando así que se trata de un sistema "que rompe con la igualdad de todos los españoles y persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y ha seguido intensificando" el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa.

De esta manera, hacen saber que su posición no ha variado con respecto a las reuniones internas que se mantuvieron con la dirección de Génova y el resto de consejero de Economía y Hacienda del PP: "La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana en el CPFF es que no haya quorum en la reunión.

La ausencia de todas las CCAA gobernadas por el PP supondría la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas", han referido, una posición que ha sido comunicada a la dirección de Alberto Núñez Feijóo.

Sin ir más lejos, la propia Ayuso ya vino deslizando en julio que esta reunión era "un engaño" con el que el Gobierno buscaba "comprar voluntades" con sus socios e imponer techos de gasto que consideran "inasumibles" para las comunidades autónomas.

Hacienda se vio obligada a aplazar la reunión Los planes del Gobierno central eran haber cerrado el nuevo sistema de financiación autonómica antes del parón del verano, pero fue un intento que quedó en papel mojado debido a la negativa del PP al planteamiento que se presentó.

La intención del Ministerio de Arcadi España era completar la tramitación antes de finalizar el 2026 y que el sistema entrase en vigor el 1 de enero de 2027.

Debido a que la negativa de las comunidades del PP fue inamovible con respecto a lo planteado, Hacienda se vio obligada a finales de julio a mover la reunión para estos inicios de septiembre, ya entrado el nuevo curso político.

El ministro defendió entonces que este movimiento también fue reflejo de la voluntad del Gobierno de continuar con la mano tendida en las negociaciones y el diálogo, confiando en que en esta próxima ocasión primaran los intereses de los ciudadanos a los de Génova, aunque en el caso de Madrid no ha sido como tal.