Educación asumirá el programa de auxiliares de conversación tras la multa del Ministerio

El programa gallego de auxiliares de conversación será presentado «dentro de muy pocos días», con la vista puesta en que empiece a funcionar a principios de 2027.

La decisión adoptada por el departamento de Educación, con Román Rodríguez al frente, se enmarca en un contexto de tiranteces con el Gobierno central, después de que el Ministerio de Trabajo multase a la Xunta por no tener a estos trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.

El conflicto escaló y el pasado junio Educación anunció la decisión de abandonar el programa estatal de auxiliares, ante la sanción de 3,5 millones de euros que le impuso el Ministerio.

Y, para seguir prestando el servicio, la Xunta tomó la decisión de crear un programa propio de auxiliares.A preguntas de los medios acerca de la caída de auxiliares de conversación en diferentes comunidades, Rodríguez aseguró que es «absolutamente lógica» y tiene como causa la problemática generada entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. «Y más que bajará», auguró el responsable gallego para defender que el programa estatal funcionaba «perfectamente» en España y las autonomías participaban cumpliendo «escrupulosamente» los requisitos, hasta que «dos ministras, una del Partido Socialista y otra de Sumar, empezaron a pelear entre ellas».«Lo que no podemos es que por desavenencias, por incapacidades y por pasotismo, sobre todo por pasotismo, se pierda un programa tan importante como este, que funcionaba muy bien, salvo cuando dos ministras, una del Partido Socialista y otra de Sumar, empezaron a pelear entre ellas.

En un síntoma de una descomposición de un gobierno absoluta.

Un Ministerio cuestiona el programa de otro Ministerio», enfatizó el popularEn este sentido, Román ahondó en lo sucedido meses atrás y afeó que la ministra de Educación le trasladase por carta que «estuviese tranquilo porque no iba a haber ningún tipo de sanción», para quince días después recibir una multa de 3,5 millones de euros. «Desde hace dos años, el Ministerio de Trabajo cuestiona ese programa, entra a hacer una serie de informes y una serie de expedientes y multa a las comunidades.

Una inseguridad jurídica absoluta», calificó el responsable del ramo en Galicia, que ahora apuesta por gestionar de primera mano este servicio.

Como consecuencia de lo ocurrido antes del verano, y todas sus implicaciones, el conselleiro lamentó que sean las comunidades las que «paguen» esta situación, al ser sancionadas, y los alumnos «las que la sufran» al quedarse sin recursos educativos en materia de idiomas.