El Comisionado de Transparencia reclama el «cumplimiento forzoso» de sus resoluciones en futuras leyes

El comisionado de Transparencia, Tomás Quintana, ha reclamado este lunes introducir en futuras reformas de las leyes de transparencia, estatal y autonómica, modificaciones para garantizar el «cumplimiento forzoso» de las resoluciones de estos órganos, como recordaba ya han hecho algunas comunidades autónomas, como Navarra.

Como dato, precisaba que a mediados de este año, el 62 por ciento de las resoluciones estimatorias adoptadas en 2025 ya se habían ejecutado.

Quintana ha comparecido este lunes ante la Comisión de Relaciones del Procurador del Común de las Cortes para presentar la memoria de actividades del Comisionado de la Transparencia relativa a 2025, informe que llegó al parlamento el pasado mes de julio.

En su primera alocución de la legislatura ante los procuradores de este órgano parlamentario, hizo un repaso de la actividad en los diez años de funcionamiento de esta institución.

De esta forma, señalaba que la falta de cumplimiento de las resoluciones adoptadas por los órganos de garantía de la transparencia no es un problema que afecte solo a su institución.

A 30 de junio de este año, recordó que el 29 por ciento de las resoluciones adoptadas en 2025 por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de ámbito autonómico y local, estaban a ún por cumplir pese al tiempo transcurrido.Igualmente, resaltaba el «destacable» bajo nivel de litigiosidad que generan sus resoluciones y, además, subrayaba la confirmación en vía judicial de sus resoluciones cuando son impugnadas.

De hecho, explicó que en 2025 se interpuso un recurso judicial y se dictó una sentencia confirmatoria.Avances «innegables»Una década después de la creación de este órgano de garantía de la transparencia, Tomás Quintana, también procurador del Común, afirmaba que los avances son «innegables» .

No obstante, a pesar de la evolución «positiva», consideraba que todavía queda «camino por recorrer», especialmente por las entidades locales de menor tamaño, algunas de las cuales -recordó- no son ajenas a la función legislativa de las Cortes.Al respecto, precisó que el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa para gran parte de los 2.187 municipios de menos de 5.000 habitantes sigue siendo «muy limitado».

Por ello, incidió en el papel «fundamental» que deben desempeñar las diputaciones, pero también la Administración autonómica a través de ayudas económicas y otras vías de cooperación.