Treviño aprueba una consulta no vinculante para integrar el enclave burgalés a Álava

El Ayuntamiento de Condado de Treviño (Burgos) aprobaba este jueves por la tarde o una moción para solicitar al Consejo de Ministros su autorización para realizar una consulta no vinculante para la integración del enclave en Álava.

El pleno daba el visto bueno por mayoría absoluta, con siete votos a favor correspondientes a los concejales de Treviño Día a Día (TDD), Agrupación Independiente Condado de Treviño, PNV y EH-Bildu, por los dos en contra del Partido Popular , esta moción que ha impulsado la Mesa por la Integración de Treviño en Ávila.La misma votación que se elevaba también al Consistorio de La Puebla de Arganzón, que junto con Treviño forman este enclave burgalés, donde PNV y EH-Bildu son los dos partidos que conforman el equipo de gobierno.La representante del movimiento que ha impulsado la moción, Arantxa Yarza, apuntaba a Europa Press que con esta votación se da así voz «a la gran mayoría» de los habitantes al incidir en que el «91 por ciento de la población está a favor de la integración». «Estamos muy contentos y con mucha fuerza desde luego para seguir adelante y, sobre todo, agradecer a nuestros vecinos todo el apoyo que estamos teniendo en todas las iniciativas y todo el calor que nos están dando», añadíaLa iniciativa ahora queda en 'stand by' y la «heredará» el Gobierno resultante de las elecciones del próximo 29 de noviembre. «Aunque esto queda congelado por el momento , no hay que repetirlo, lo va a heredar el nuevo Consejo de Ministros que se conforme, así que el primer paso ya está dado», abundaba.Desde el PP, uno de sus dos concejales, Óscar Arbaizar, tachaba la moción de «paripé sin recorrido ninguno». «Estamos en elecciones y buscan el titular fácil , el PP se opone... pero al final el que consigue mejores carreteras, mejores convenios, el que trabaja es el PP.

Lo único que buscan es alborotar», zanjaba.Defender la «integridad territorial»Mientras, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, subrayaba que la Administración autonómica va a defender la «integridad territorial» de la provincia de Burgos y de Castilla y León, así como el respeto al Estatuto de Autonomía.

Según avanzaba, utilizarán todas las vías a su alcance, incluidas las judiciales, para defender estos intereses.

De este modo, argumentaba Carriedo , si alguna de las decisiones planteadas fuera objeto del correspondiente requerimiento, recurrirán a la vía judicial con el interés de defender la integridad territorial provincial y autonómica.

Tiene que primar la ley, incidía.