La teoría del efecto desaliento

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado, en una sentencia conocida a principios de este mes de septiembre, que la justicia española no ha tenido en cuenta que criminalizar en exceso la protesta social tiene un efecto disuasorio y desalentador, no solo para los propios manifestantes, sino también para la sociedad en su conjunto.

El caso se remonta al año 2011, cuando un grupo de activistas asediaron el Parlament de Catalunya, impidiendo el paso a varios diputados y a su entonces presidente Artur Mas, en el marco de las protestas contra los recortes presupuestarios en los servicios públicos que iban a aprobarse ese mismo día.

En un primer momento, la Audiencia Nacional absolvió a los acusados , pero el Tribunal Supremo revisó la causa y acabó imponiendo a varios manifestantes penas de tres años de prisión, alegando que estos habían contribuido a crear una «atmósfera intimidatoria» realizando aspavientos, gritando y cantando proclamas, e increpando a varios diputados –algunos de los cuales tuvieron que usar un helicóptero–, aunque sin realizar ningún acto concreto de violencia física.

Y esto es precisamente lo que el Tribunal de Estrasburgo ha reprochado a la justicia española, que ninguno de los acusados individualmente utilizara la violencia o causara de forma directa daños personales, declarando injustificado que en tales supuestos se impongan penas de prisión.

Penas que el propio Tribunal califica de «severas».

Señala el TEDH que los tribunales españoles no habrían tenido en cuenta que castigar a los manifestantes con penas desproporcionadas «no pudieron sino haber tenido el efecto de disuadirlos, así como al público en general, de asistir a manifestaciones y, más generalmente, de participar en el debate político abierto».

Es lo que se conoce como el «chilling effect» (efecto escalofriante), cuando la reacción punitiva del Estado resulta tan excesiva que acaba por desalentar el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, bien porque la ley contempla sanciones desproporcionadas o imprevisibles, bien porque los Tribunales hacen interpretaciones exageradas del derecho penal, lo cual lleva a la población a temer represalias y, por lo tanto, a autocensurarse.

La teoría del «chilling effect», también conocida como efecto desaliento o disuasorio, es una importación de la cultura jurídica norteamericana, cuyo origen se sitúa en el contexto de la persecución anticomunista y la «caza de brujas» durante el mandato del senador McCarthy en los años cincuenta del pasado siglo XX.

La primera vez que se menciona la teoría del «chilling effect» tuvo lugar en una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos (asunto Wieman vs.