La jueza Tardón busca responsables del asalto a Ceuta por encima del delegado del Gobierno

La batería de diligencias ordenadas por la juez que investiga la invasión en Ceuta sufrida por España este verano están orientadas a esclarecer, entre otros aspectos, las «actuaciones desarrolladas antes, durante y después» de la entrada masiva y apuntan a una responsabilidad más alta que la de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Así se desprende de las unidades investigadoras a las que ha dirigido sus requerimientos.

Entre ellos, figura el de solicitar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y al Jefe del Estado Mayor de Defensa (EMAD), responsable de Ciberseguridad, así como a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional las «alertas y riesgos» que pudieran haber emitido y los «destinatarios de estos» los días anteriores a la entrada masiva.La investigación acaba de iniciarse, pero en el auto de este miércoles en el que la magistrada citó como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; al recién dimitido jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Gonzalo Sanz, y al jefe de la Policía Local de Ceuta, dejó claras las distintas líneas de investigación.

Entre ellas, la de los fallecimientos de inmigrantes (83) y el análisis de las actuaciones desarrolladas por las autoridades en España tanto antes como después de la avalancha.

La magistrada Tardón abrió la investigación por la entrada masiva el pasado 9 de septiembre considerando que se trató de un «ataque grave contra integridad territorial de España y que afectó a la paz o independencia del Estado», viendo la invasión como un modelo de «guerra híbrida».

Aunque la batería de diligencias que ha ordenado en el segundo auto de la causa que ha podido ver este periódico van dirigidas a encontrar a los responsables de impulsar la acción en Marruecos, así como despejar cómo pudo financiarse, también hay otras que van orientadas a la respuesta de nuestro Estado.

Ha solicitado a los más altos responsables de los organismos policiales y militares las alertas y los riesgos de los que advirtieron entre el 20 de julio y el 7 de agosto y ha pedido saber quiénes fueron sus destinatarios y medios de difusión.

Por otro lado, para justificar la citación del presidente Vivas y del jefe del Delegado del Gobierno en la ciudad autónoma ha justificado que «las declaraciones testificales permitirán conocer el desarrollo operativo de los acontecimientos».

No es un secreto que el presidente de la ciudad autónoma considera que el Gobierno de Sánchez no ha estado a la altura de la crisis desatada y no respondió a la crisis ofreciendo a la ciudad la ayuda que requería en el momento más crítico, así lo ha manifestado en distintas declaraciones públicas.