Aldama reclama el control de cuatro coches de lujo valorados en 760.000 euros tras su condena por organización criminal y cohecho

Víctor de Aldama quiere intervenir directamente en la venta de cuatro vehículos de alta gama requisados por las autoridades judiciales.

El empresario, condenado a una multa de 72.000 euros por delitos de organización criminal y cohecho, sostiene que puede obtener un rendimiento económico superior si localiza compradores por su cuenta, en lugar de dejar la enajenación en manos de la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia.

La iniciativa se encuentra ahora pendiente del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, a la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado que se pronuncie sobre la petición.

El magistrado, instructor del caso hidrocarburos, debe valorar si las condiciones planteadas por la defensa ofrecen garantías suficientes para proceder a una venta anticipada de los automóviles, sin comprometer las eventuales responsabilidades patrimoniales que pudieran derivarse de la causa.

La propuesta de Aldama parte de una valoración conjunta de aproximadamente 760.000 euros para los cuatro vehículos: un Ferrari F12 valorado en 310.000 euros; un Range Rover rojo valorado en 250.000 euros, un Land Rover Defender negro mate valorado en 152.000 euros y un Volkswagen Golf valorado en 48.000 euros.

En el escrito presentado el 9 de octubre, la defensa del empresario expone su intención de cerrar la operación mediante una negociación privada.

"Debemos significar que mi mandante ha realizado distintas gestiones tendentes a la venta de los vehículos, disponiendo de potenciales compradores interesados en adquirir los mismos en un precio de mercado", sostiene la defensa, según el documento al que ha tenido acceso El País.

La petición no surge de manera repentina.

Aldama ya había tratado de impedir, antes del verano, que la ORGA asumiera la gestión de los automóviles.

Este organismo público se ocupa, entre otras funciones, de la conservación, administración y realización de bienes intervenidos, embargados o decomisados en procedimientos judiciales, conforme al régimen aplicable en cada caso.

La propia defensa admite, no obstante, que la estimación no equivale a una peritación exhaustiva.

"Se trata, como decimos, de una valoración a tanto alzado, realizada con base en las características técnicas de cada uno de los modelos, pero requeriría de una evaluación y revisión en profundidad", argumenta la letrada.

Anticorrupción impuso condiciones y el juez del caso Koldo no se opone El procedimiento ya había entrado en esta discusión durante septiembre.

El juez Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción condicionaron entonces la posibilidad de una venta particular a la presentación de una tasación, una propuesta concreta de adquisición y un plazo determinado para completar la operación.