Los pequeños propietarios de Córdoba con viviendas en alquiler: «Se dispara a discreción»

El 83,1% de las viviendas en alquiler en España pertenecen a particulares.

Se trata de un dato reflejado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con el trabajo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Sin embargo, en las últimas semanas sólo es escuchan expresiones como fondo buitre o rentista en torno al problema del acceso a la vivienda.

Y Córdoba no es ajena la convulsión sociopolítica.La disposición en el mercado de inmuebles en arrendamiento en la provincia se produce, sobre todo, por parte de pequeños propietarios, que son aquellas personas que poseen entre uno y diez. «Ahora mismo es la gran mayoría, por no decir el 95% o el 96%», se pronuncia a ABC José Vaquero , presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor).Y una buena parte de esos arrendadores está actualmente desubicada ante la sucesión de los acontecimientos, como la aprobación de dos reales decretos -por segunda vez- por parte del Gobierno.

Aunque estos textos necesitan de la aceptación de la Diputación Permanente del Congreso antes del 14 de noviembre tras la convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez para el domingo 29 de ese mes, el próximo.También gerente de la inmobiliaria Califal, Vaquero asegura que en su sector están «un poco angustiados» ante la situación. «Vemos que las líneas que se habían marcado con respecto a la inseguridad jurídica que puede tener un propietario a la hora de alquilar su vivienda se han roto», expone. « Los propietarios nos llaman con inquietud , porque no tienen la información suficiente y no saben en lo que puede terminar esto», prosigue.Así, el presidente de Asaicor advierte de que «los mercados se empiezan a parar, se va a crear una alarma social importante y va a ser un problema de envergadura a corto o medio plazo». «Estamos dando la responsabilidad de sostener esa alarma a todas esas personas que tienen esos inmuebles por su esfuerzo y trabajo», lamenta en relación con los pequeños propietarios.Dicho lo cual, Vaquero tiene claro que «no se puede revertir un problema social haciendo que repercuta sobre esos pequeños propietarios». «Son personas que pueden tener una o dos viviendas y necesitan esos recursos para hacer frente a sus gastos y a su día a día», remarca.

El problema, según él, es que «lo que están haciendo a través de estos reales decretos es empeorar cada vez más la situación».Para el gerente de Califal «ésta es una patata que tiene que afrontar el Estado con más vivienda pública y con subvenciones sociales».