Juzgan a la exministra francesa Rachida Dati por un caso de corrupción

Seis meses después de su fallido intento de convertirse en la alcaldesa de París, Rachida Dati se enfrenta desde este miércoles a un juicio del que depende su reputación.

Ha empezado en el Tribunal de París el proceso judicial a la exministra de Cultura francesa y a Carlos Ghosn, que fue el CEO de Renault entre 2005 y 2019.

Los magistrados de instrucción sospechan que la dirigente conservadora cobró 900.000 euros de una filial del grupo automovilístico entre 2009 y 2012 , a cambio de utilizar su escaño en el Parlamento Europeo para defender los intereses de la multinacional.Desde el inicio de la investigación en 2019, este 'affaire' ha dañado la imagen de Dati, que perdió con claridad en marzo las comicios en la capital francesa, a pesar de contar con el apoyo de la derecha tradicional de Los Republicanos y de los partidos afines al presidente francés, Emmanuel Macron .

Esta mediática dirigente, que actualmente ejerce como alcaldesa del distrito VII de París, tiene hasta finales de mes para defender su inocencia.

La acusan de los delitos de corrupción pasiva y tráfico de influencias.

Se enfrenta a una posible pena de hasta diez años de prisión.

El juicio servirá para determinar si Dati cobró esos 900.000 euros a cambio de un trabajo como consultora.

O los ganó a cambio de dejarse corromper por Renault-Nissan.

Tras haber ejercido como ministra de Justicia entre 2007 y 2009 y haber dado el salto al Parlamento Europeo, firmó entonces un contrato con la multinacional, con una remuneración anual de 300.000 euros.

A cambio de esa elevada cantidad, se comprometió a ayudar al grupo a crecer internacionalmente, especialmente en los países del Magreb y de Oriente Próximo.No obstante, el problema para la dirigente franco-marroquí es que los jueces de instrucción prácticamente no hallaron ninguna prueba de que hubiera trabajado para Renault.

Según los magistrados, «las fichas, comentarios y documentos comunicados por la defensa (…) sirvieron para identificar muy pocas pruebas del trabajo realizado.

Son muy limitadas a nivel jurídico».

Por ese motivo, sospechan que ese contrato profesional encubrió en realidad un «pacto de corrupción».

Y la multinacional francesa afirma ahora que perdió de manera indebida 450.000 euros, la otra mitad le corresponde a Nissan.La defensa considera, en cambio, que este proceso judicial servirá para demostrar que ejerció ese trabajo de manera legal.