El juez pospone su decisión sobre el caso del perito del móvil de Carcaño

El juez número siete de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla aún tardará en pronunciarse sobre la petición de la Fiscalía de archivar ya por segunda vez la investigación de un posible delito de intrusismo en el informe pericial informático de los datos crudos del teléfono móvil de Miguel Carcaño , condenado a 21 años y tres meses de cárcel por asesinar a la joven Marta del Castillo.

Y es que antes de ello, el magistrado va a resolver el recurso del denunciante del caso, el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, contra la incorporación a las actuaciones de un informe de su homólogo del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, descartando cualquier delito por parte del investigado, el jefe de la empresa de ciberseguridad Lazarus Technology, Manuel Huerta.En una providencia emitida el pasado 13 de octubre, el juez del caso da cuenta del recurso de reforma del decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, contra la decisión judicial de unir a la causa el escrito en el que su homólogo del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, Juan Carlos Durán, señala que la ingeniería informática no es una profesión regulada y que no existe una ley de atribuciones que conceda exclusividad para la peritación a los ingenieros informáticos.

Según Durán, la intervención pericial realizada sin título informático o colegiación no se puede considerar delictiva al no existir una reserva normativa de la actividad de pericia realizada.

El denunciante del caso avisa de que «no cabe unir al procedimiento un informe remitido por una entidad ajena al proceso y sin competencia alguna en la materia objeto de controversia».

Pide anular la incorporación del documento a la causa porque «el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales no es parte en este procedimiento y carece de toda legitimación como para intervenir en él».

Incluso considera que el decano de dicha entidad «ha podido incurrir en un delito de usurpación de funciones públicas».

La situación ha derivado en toda una guerra abierta entre ambos decanos.

Ante dicho recurso, el juez instructor de la denuncia ha pedido a la Fiscalía y a cada una de las restantes partes del proceso judicial que aleguen lo que estimen oportuno respecto a la impugnación del documento.

La continuidad o no de la causaA continuación, y siempre en esta providencia, el magistrado señala los escritos formalizados recientemente por cada una de las partes del procedimiento, la defensa y la Fiscalía solicitando el archivo de la causa y la acusación particular pidiendo continuar por el trámite del procedimiento abreviado.