El Tribunal de Cuentas ve «graves deficiencias» en los contratos de las pulseras antimaltrato de Igualdad

El Tribunal de Cuentas concluye que hubo «debilidades en la preparación de los contratos» de las pulseras antimaltrato por parte del Ministerio de Igualdad que se tradujeron «graves deficiencias» en el sistema de medidas de alejamiento por violencia de género.

Entre ellos, fallos de geolocalización e interrupciones del servicio.

Los primeros fallos se conocieron en 2024, aunque entonces Igualdad aseguró que eran «problemas puntuales, que sólo habían afectado al 1% de los casos».

Las víctimas, dijo entonces la ministra Ana Redondo, «estuvieron protegidas en todo momento».

Pero el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado los contratos de 2018, 2021 y 2023 (en ejercicio de 2018 a 2026) y no hace distinción: los contratos fueron diseñados para intentar abaratar costes, lo que tuvo importantes repercusiones en el seguimiento efectivo de los condenados.

Cuando la vida y la seguridad de una persona está en juego, el contrato debe primar «la mejor tecnología disponible» que minimice hasta el extremo la posibilidad de que los agresores ejerzan cualquier tipo de violencia sobre las víctimas, dice el órgano fiscalizador en un informe publicado este martes. «En este tipo de contratos debe primar sobre todo la calidad en la prestación del servicio por encima del ahorro de costes», reprende el Tribunal de Cuentas.

Tras analizar los contratos y su ejecución, el órgano concluye que los criterios aplicados por el Ministerio de Igualdad para la adjudicación del contrato se tradujeron en «graves deficiencias» durante la ejecución de prácticamente toda la vigencia del contrato.

Los fallos principales afectaron a la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías deficientes (con autonomía de una semana y media, cuando las especificaciones técnicas incluidas en la oferta presentada indicaban seis meses), y retrasos en las reparaciones, «que no fueron problemas puntuales sino reconocidos por la propia adjudicataria sin que se alcanzaran soluciones en los plazos comprometidos».A pesar de estos errores, ahonda el Tribunal de Cuentas, apenas ha habido medidas por porte de Igualdad para asegurarse de que se cumplían los requerimientos del contrato o incluso, una vez constatados los fallos, llama la atención la carencia de sanciones. «Esta profusión de incumplimientos contractuales pone de manifiesto que los órganos del Ministerio de Igualdad no hicieron un seguimiento del contrato adecuado y no fue suficiente el Plan de Seguimiento implementado.

Tampoco se adoptaron medidas de exigencia contractual efectivas», dice el órgano.