De la España vaciada a pueblos que vuelven a crecer: el cambio demográfico de Castilla-La Mancha en once años
La despoblación es uno de los grandes desafíos demográficos de España.
La pérdida de habitantes, el envejecimiento, la falta de empleo, las viviendas vacías y las dificultades para acceder a determinados servicios han condicionado durante años la vida de muchos pueblos.
Y aunque el problema sigue presente, en Castilla-La Mancha empieza a dar señales de cambio precisamente en algunos de los municipios más afectados.
En los últimos once años, la política frente a este reto ha evolucionado con el relevo en la Junta entre María Dolores de Cospedal y Emiliano García-Page.
Con la llegada de Page al Gobierno regional en 2015, la lucha contra la despoblación fue ganando peso hasta convertirse en una estrategia específica para el medio rural y culminar en 2021 con la aprobación de la Ley de Medidas contra la Despoblación.
El modelo castellanomanchego se situó además entre las primeras iniciativas europeas para abordar ese reto desde una perspectiva transversal.
La estrategia pasó así de centrarse en la pérdida de población a actuar sobre algunas de las condiciones que pueden facilitar la permanencia y la llegada de nuevos vecinos.
Desde entonces, según los datos ofrecidos por el Gobierno regional, las zonas afectadas por la despoblación han ganado 4.732 habitantes, de los que 3.611 corresponden a áreas catalogadas como de extrema despoblación.
El Ejecutivo de García-Page sostiene que se ha producido así un cambio respecto a décadas anteriores, con un crecimiento que alcanza ya un ritmo similar al de las zonas urbanas.
Una ley para afrontar la despoblación desde varios frentes La principal diferencia respecto a las políticas tradicionales contra el vaciamiento rural está en el planteamiento.
La norma aprobada incorporó la fiscalidad diferenciada, los servicios públicos, la actividad económica, la vivienda y el transporte dentro de un mismo marco de actuación.
La Estrategia Regional frente a la Despoblación contempla 210 medidas y un presupuesto global de más de 3.322 millones de euros para diez años.
El Gobierno regional asegura que a cierre de 2024 ya se había ejecutado el 52% de esas medidas y que más del 80% estaban en desarrollo.
Entre 2022 y 2024, la Junta cifra en 5.144 millones de euros el gasto destinado a políticas vinculadas a la lucha contra la despoblación.
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