Ecologistas en Acción no acepta la decisión del juez y recurrirá el archivo de la causa contra los pozos de la Casa de Alba

Ecologistas en Acción ha decidido recurrir el archivo de la investigación sobre los pozos de la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba y situada en Aznalcázar, en la provincia de Sevilla y en el entorno de Doñana.

La organización, personada como acusación particular, considera que la instrucción ha dejado abierta una hipótesis de posible delito ambiental que no puede descartarse sin realizar nuevas comprobaciones técnicas.

El juez, por su parte, acordó el archivo al considerar que los informes incorporados a la causa no permitían acreditar que las extracciones hubieran supuesto un peligro grave para el medio ambiente.

El principal argumento de los ecologistas se centra en la imposibilidad de conocer con exactitud cuánta agua se extrajo de los pozos durante el periodo investigado.

En su recurso, sostienen que la ausencia de los contadores de agua obligatorios no debería convertirse en un elemento que favorezca a quienes tenían la obligación de instalarlos.

A su juicio, esta circunstancia fue una irregularidad de la propia explotación y no una razón para considerar imposible determinar posteriormente el volumen de agua captado.

La organización defiende que todavía puede realizarse una reconstrucción hidrogeológica que permita establecer, con el margen de incertidumbre correspondiente, la cantidad de recursos extraídos y su posible repercusión sobre el entorno.

Para ello, propone analizar variables como la superficie y evolución de los cultivos, las dotaciones de agua autorizadas, las características y potencia de las bombas o los consumos eléctricos registrados.

Los ecologistas apuntan que la investigación ha puesto de manifiesto no pocas evidencias, apuntando a que había nueve pozos ilegales, los cuales funcionaban sin contadores, así como "existían pérdidas visibles de agua en las conducciones", que la Confederación llegó a definir la situación como de "despilfarro", y se desconoce si se había superado el volumen autorizado, algo de lo que la Guardia Civil está convencida.

El recurso también alude a que se hace referencia "a una explotación abusiva" y que hubo reincidencia en el uso de los pozos, datos que "no prueban por sí solos el delito" pero son "incompatibles" con que el juez los haya esgrimido como "acreditación positiva de ausencia de riesgo".

El enfrentamiento entre los informes técnicos Ecologistas en Acción también cuestiona que el juez haya optado por una de las interpretaciones técnicas existentes durante la investigación.

La organización considera que la resolución concede mayor peso a los informes aportados por la propiedad frente a las conclusiones de los especialistas de la Guardia Civil.