La nociva restricción de la competencia en los hidrocarburos

Asistimos a un pernicioso efecto expansivo del coste de la vida motivado por el precio de los carburantes.

El gasóleo y la gasolina son absolutamente decisivos para la economía y para la movilidad.

Hacen posibles rutinas familiares y son el motor de millones de pymes y la verdadera sangre del sistema.

Por tanto, desde el sector de hidrocarburos de España nos sentimos concernidos por un problema de carácter nacional y reivindicamos ahora más que nunca que la libre competencia en el mercado de los hidrocarburos es vital para aliviar el baldón que soportan familias y pequeñas empresas.

Y es que en España hay embudos que evitan que los precios se moderen.Cuando sube el carburante, aumenta el coste de trasladar materias primas, mercancías y alimentos; ese incremento pasa a la producción y la distribución y termina incorporándose al precio de los bienes esenciales.

Las tensiones internacionales explican el origen de la perturbación, pero la estructura interna del mercado determina cuánto se amplifica y tarda en corregirse en España.

Cuantos más operadores puedan operar, mayor será la posibilidad de sustituir fuentes, contener márgenes y trasladar las bajadas.

La competencia funciona, por tanto, como un mecanismo de resiliencia frente a una crisis exterior.La regulación debe preservar esa función correctora permitiendo competir a quienes cumplen.

El íntegro pago del IVA por parte de las operadoras y la lucha contra el fraude son irrenunciables; precisamente por ello, el control debe separar a quien cumple de quien incumple, sin convertir la garantía fiscal en una barrera de entrada que finalmente perjudique al consumidor final.

El principio de proporcionalidad, ampliamente reconocido en el derecho de la competencia europeo, exige que la intensidad de una exigencia regulatoria guarde relación con el riesgo real que pretende evitar, y no con el tamaño del operador al que se aplica.La dificultad surge en la configuración de la condición de 'operador confiable' decretada por el Gobierno.

La anticipación del 110 por ciento del IVA a las empresas que no pueden cumplir con los arbitrarios requisitos para la etiqueta de 'confiable' es una norma de dudosa legalidad, ya que destroza la libertad de empresa y la competencia, alterando la legislación europea.

De hecho, hay un procedimiento abierto por varias empresas afectadas en la Audiencia Nacional .

Los operadores pequeños, medianos o de reciente creación necesitan alcanzar un tamaño extraordinario para ser reconocidos como confiables, pero las cargas financieras que soportan dificultan ese crecimiento.

Esta lógica resulta especialmente gravosa porque coincide con un producto de primera necesidad y de demanda inelástica, en el que el consumidor apenas puede sustituir su consumo a corto plazo.