Expropiadores

La temporada política de la Generalitat se cerró el mes de julio con un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que concluye que la proposición de ley que busca contener la compra especulativa de la vivienda vulnera el Estatut y la Constitución.

Ninguna sorpresa.

Solo a una izquierda paleolítica y testaruda se le ocurre hablar de una «compra especulativa» que limita los contratos privados incluyendo restricciones, la iniciativa personal y la empresarial, y se carga la propiedad, la herencia y la libertad de mercado.

No se contentan con recaudar impuestos.

Ordeno y mando: no hay que comprar más de lo que ellos dicen.

Y punto. ¿Intervencionismo en toda regla? ¿Restricciones? ¿Una injerencia? ¿La seguridad jurídica? ¡Qué más da! ¿O es que no somos de izquierda y nacionalistas? Una política habitacional, la de la izquierda, que es culpable de la falta de viviendas y del encarecimiento del precio de las mismas.

Ni que decir tiene que, durante la presente temporada, el trío formado por PSC, ERC y Comunes, insistirá y persistirá –una estratagema tras otra- con sus obsesiones y manías.

Está en juego la legislatura.

El poder.

Más allá del hecho en sí –la política dictatorial de la vivienda-, el dictamen del CGE –es decir, los muchos dictámenes del CGE- es buen ejemplo –otro más- de un nacionalismo cuyo oxígeno proviene de la vulneración del Estatut y de la Constitución.

De hecho, de la vulneración de todo lo que convenga e interese en función de la coyuntura. ¿Se acuerdan del golpe?El penúltimo ejemplo de la frivolidad política del «país» se encuentra también en la ofuscación persistente de una «compra especulativa» que ni siquiera se digna –lectura única y rápida: deprisa, deprisa- a escuchar la voz de municipios y del empresariado.

En definitiva, una chapuza expropiatoria a la carta.

Lo volverán a hacer.