El PSOE enchufó en la Junta de Andalucía por su «experiencia laboral» a afines que nunca habían cotizado

Sin un solo día cotizado en su vida laboral, Isabel R.

M. entró a trabajar en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) al ser considerada por el órgano que la seleccionó como la candidata con mayor «experiencia laboral» y competencias para el puesto.

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juez José Ignacio Vilaplana, avanzado por ABC, detalla cómo la entidad de la Junta de Andalucía dedicada a dar cursos a desempleados diseñó un proceso a medida para justificar su fichaje.

De los 23 aspirantes iniciales para un determinado puesto, solo la investigada fue citada a la entrevista personal después de lanzar una oferta interna que requería la titulación en Arquitectura Técnica para desempeñar, en realidad, tareas administrativas como hacer inventarios o gestionar reservas de salas.

Este procedimiento selectivo, calificado por los investigadores como una vía para «facilitar una contratación discrecional », funcionó como un puente para su posterior recolocación en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde en 2024 adquirió la condición de personal laboral fijo.

En el atestado entregado el pasado 29 de julio al magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga el enchufismo y el fraude con dinero público en los ocho años que estuvo funcionando la Faffe (2003-2011), el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial de la Guardia Civil pone la lupa sobre una decena de contrataciones bajo sospecha.

Algunas de ellas correspondían a familiares directos y allegados a dirigentes autonómicos socialistas que fueron empleados a través de correos electrónicos en los que antiguos altos mandos de la Faffe daban instrucciones precisas sobre a quiénes había que incorporar, detallando su parentesco con responsables políticos.Por orden del juez Vilaplana —quien a principios de 2025 imputó a 21 personas por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos—, la UCO analizó diez de los expedientes de selección.

La conclusión a la que llega es que los beneficiarios no solo accedieron a la entidad pública sin competir en igualdad de condiciones con otros aspirantes, sino que tras la extinción de la Faffe en 2011 bajo el mandato de José Antonio Griñán (PSOE), fueron absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde hoy disfrutan de la condición de personal laboral fijo.Una entrevista personal fue la única pruebaEn su análisis de los documento, los agentes descubrieron cómo se justificó la contratación de personas que jamás habían cotizado a la Seguridad Social escudándose en su amplia trayectoria profesional.

La UCO califica de «llamativo» este modus operandi, que permitió el acceso a un empleo público de la investigada Isabel R.

M.