El Supremo confirma 6 meses de prisión para el hermano de Julio Iglesias por fraude fiscal

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis meses de prisión y multa e indemnización de 30 millones de euros impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a Carlos Luis Iglesias, hermano del cantante Julio Iglesias , por fraude contra la Hacienda Pública.

En una sentencia fechada el pasado 16 de septiembre a la que ha tenido acceso EFE , la sala de lo penal rechaza el recurso presentado contra un fallo de noviembre de 2023 de la Audiencia Provincial de Madrid.

La Audiencia consideró probado que el acusado, en su calidad de gerente de Rolimpa Trading Corporation, no efectuó declaración o ingreso tributario alguno por la venta en 2001 por parte de esta sociedad de tres solares del distrito madrileño de Vicálvaro en la cantidad de más de 46 millones de euros, que previamente había adquirido en 1989 por algo más de 600.000 euros.

Los magistrados consideraron que de los informes periciales queda acreditado que Rolimpa Trading Corporation debía haber declarado a la Agencia Tributaria española por el impuesto de sociedades los beneficios obtenidos con la venta de los terrenos.

La falta de declaración e ingreso supuso un fraude a la Hacienda Pública de 19,6 millones de euros , cantidad que dio lugar a un beneficio económico ilícito para Carlos Luis Iglesias.

La resolución declara a Rolimpa Trading Corporation responsable civil subsidiaria en caso de impago por parte del condenado.

Explica que las cooperativas que adquirieron los terrenos vendidos por esta sociedad abonaron el precio de compra en una cuenta de un banco de Panamá de otra corporación en la que estaba autorizado Carlos Luis Iglesias.

Añade que Rolimpa, sociedad constituida en Panamá en 1984, tenía su inmovilizado en España, por lo que debería haber pagado por el impuesto de sociedades de 2001 la referida cantidad de 19.624.655 euros y aclara que el hecho de que no se tenga el domicilio fiscal en territorio español no significa exención de tributar en él.

De dicha obligación respondía Carlos Luis Iglesias, gerente de Rolimpa, que era quien tomaba las decisiones, y que para ocultar su identidad como obligado tributario utilizó empresas interpuestas, un paraíso fiscal como era Panamá en aquella época e instrumentos fiduciarios.